Por: Redacción/

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF) observarán, en el ámbito de sus respectivas competencias, el respeto a los derechos fundamentales de las mujeres privadas de la libertad en los diversos centros penitenciarios del país, especialmente de sus 417 hijos e hijas menores de edad que viven con ellas –de acuerdo con el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2017—, para que a las personas menores de edad en todo momento se les otorguen condiciones decorosas para su adecuado desarrollo al interior de esos lugares. Se trata de que nunca más una madre que está en esa situación sea separada de sus hijas e hijos menores de edad.

Ambas instituciones convinieron sumar esfuerzos para empoderar a las mujeres en el conocimiento de sus derechos fundamentales, para que los hagan valer ante cualquier abuso de autoridad, además de impulsar el conocimiento y respeto de las Reglas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de las Reclusas y Medidas No Privativas de la Libertad para las Mujeres Delincuentes, conocidas comúnmente como “Reglas de Bangkok”, toda vez que conforman uno de los grupos en situación de mayor vulnerabilidad y con frecuencia sus condiciones y necesidades no son tomadas en cuenta por las autoridades, especialmente por lo que se refiere a sus hijas e hijos que viven con ellas.

Durante la presentación del documental “Salomé, un reencuentro con la libertad”, el Ombudsperson nacional, Luis Raúl González Pérez, hizo un llamado para que en todas las actuaciones que realicen los servidores públicos se respete la dignidad de las mujeres privadas de la libertad y se garantice la observancia del interés superior de la niñez. Explicó que este caso dio origen a la Recomendación 7/2016, que no ha sido cumplida en sus términos, por lo que instruyó verificar por qué la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas no ha resarcido, en lo conducente, los derechos vulnerados a la agraviada y a su familia.

Dicho documental trata sobre un caso de violaciones a los derechos a la protección de la salud, a la legalidad y al acceso a la justicia, así como al interés superior de la niñez y a la lactancia, en perjuicio de María Salomé Ortega Hernández, mujer originaria del estado de Veracruz, y sus dos hijas menores de edad, como consecuencia de la detención por la probable responsabilidad en la comisión del delito contra el consumo y la riqueza nacional, y su posterior traslado a un centro federal de Nayarit, lo que vulneró sus derechos a estar lo más cerca a su domicilio y tener consigo a sus menores hijas, la más pequeña de solo 37 días de nacida que requería de la lactancia. Posteriormente, la agraviada fue absuelta por un juez federal del delito que se le imputaba.

González Pérez detalló que en nuestro país existen 10,460 mujeres en prisión; 4,229 de ellas se encuentran distribuidas en 17 centros femeniles estatales y uno federal, y 6,231 se ubican en 159 centros mixtos, donde con frecuencia reciben diversos tipos de discriminación, lo que repercute negativamente en su internamiento y posterior reinserción.

En el acto, realizado en el Auditorio de la Casa Hogar para Varones del DIF, señaló que, ante esta situación, la CNDH ha reiterado a través de diversos pronunciamientos, Informes y Recomendaciones la necesidad de darles trato digno, a través de la habilitación de instalaciones apropiadas, atendiendo su condición de género y que en aquellos los casos en los que se acredite violación a sus derechos fundamentales, como el que se relata en el documental, puedan acceder a la reparación integral del daño correspondiente.

Resaltó que de acuerdo con el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2017, se observó que en promedio los centros femeniles obtuvieron una calificación de 7.26, mientras que los mixtos reflejaron en promedio de 5.98, lo que muestra que dichos centros no cuentan con condiciones dignas, falta de personal capacitado y exclusivo para su operación, hay carencias de atención médica, hacinamiento y sobrepoblación, así como separación inadecuada entre mujeres y hombres.

El Ombudsperson nacional recordó que en el “Informe Especial sobre las Condiciones de Hijas e Hijos de las Mujeres Privadas de la Libertad en los Centros de Reclusión de la República Mexicana”, publicado en el 2016, se describió la necesidad de diseñar protocolos para atender la situación de esa población penitenciaria; elaborar mecanismos para el ingreso, permanencia o egreso temporal o definitivo al centro penitenciario correspondiente de las hijas e hijos de las mujeres internas, y procurar que cuenten con personal médico y técnico especializado, así como espacios decorosos para la lactancia.

En su oportunidad, Jesús Naime Libién, Titular del SNDIF, reiteró el compromiso de la institución a su cargo para trabajar coordinadamente con la CNDH en la defensa y promoción de los derechos de las mujeres en reclusión y sus menores hijas e hijos, quienes viven en indefensión. Expresó su confianza en que el documental motive a los servidores públicos para que en todos los casos se salvaguarde el derecho de niñas, niños y adolescentes a vivir en familia.

Por su parte, la señora María Salomé Ortega Hernández agradeció el apoyo y acompañamiento brindado por la CNDH y le pidió redoblar esfuerzos para asistir a las mujeres que por diversas causas se enfrentan a abusos de autoridad y situaciones en las que se violan sus derechos fundamentales.

Luis Enrique Guerra García, Procurador Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, mencionó que este caso representa el riesgo de que los derechos de cualquier persona sean vulnerados, por lo que manifestó la importancia de que autoridades y ciudadanos trabajen en la construcción de escenarios para que las niñas y niños tengan mejores posibilidades de desarrollo y puedan vivir en una sociedad que respeta su integridad y dignidad.

Ruth Villanueva Castilleja, Tercera Visitadora General de la CNDH, señaló que el documental busca sensibilizar y enfatizar la urgencia de cumplir con el interés superior de la niñez, para no afectar los derechos de ese sector poblacional, además de profundizar en el conocimiento de la aplicación tanto de las Reglas de Bangkok como de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Nelson Mandela), que buscan promover las buenas prácticas en el sistema penitenciario mexicano.