Por: Redacción

“Cada vez más y con mayor fuerza, los ciudadanos cuestionan la forma en la que se conduce el desarrollo urbano en la Ciudad, bajo esquemas en los que la población en general, no sólo no se siente beneficiada, sino que se siente agraviada por la falta de participación en la toma de decisiones y por la falta de transparencia en el uso y ejecución de los instrumentos urbanos”, aseguró la diputada Margarita Martínez Fisher (PAN) durante la comparecencia del Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, Felipe de Jesús Gutiérrez Gutiérrez ante el pleno de la ALDF.

La legisladora, quien preside la comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, desestimó las acciones que presentó el funcionario, ya que “no corresponden al espíritu de la Ley ni de los Programas de Desarrollo Urbano y tampoco representan el interés general y ciudadano en ellos establecido, acordado socialmente durante las consultas ciudadanas realizadas para su expedición”.

Ante los representantes de las diez fuerzas políticas representadas de la VII Legislatura, Martínez Fisher denunció que “todos los días, en las redes, en los medios, en cientos de audiencias públicas ciudadanas, recibo a vecinos molestos por “la violación al uso del suelo y el gobierno no ha podido explicar cómo está tomando decisiones fundadas en la normatividad vigente”.

Subrayó que la mayor demanda ciudadana, tiene que ver con la falta de aplicación estricta de la ley y, el caso más representativo es el de la vivienda de interés social y popular, en donde el mal uso y abuso que se hizo de la Norma 26 no ha tenido consecuencias.

La autoridad decide congelar la norma y al mismo tiempo deja sin sanción a quienes la vulneraron, este comportamiento, ha lastimado profundamente la credibilidad ciudadana en las instituciones y es el mayor obstáculo para lograr una nueva normatividad que permita revertir el perverso proceso de expulsión de familias capitalinas que no encuentran en la Ciudad una opción digna de vivienda, detalló.

Martínez Fisher dijo que otro tema fundamental, tiene que ver con la certeza jurídica en la aplicación de la Ley, ya que los ciudadanos se sienten indefensos ante la interpretación de las normas.

“También es un señalamiento de los gremios y asociaciones empresariales que reclaman una aplicación equitativa de la misma, pues se ha instaurado una gestión de normas particulares, vulnerando el pacto social establecido en los Programas de Desarrollo Urbano y desacreditando la acción pública en materia de derechos de desarrollo urbano”.

Hizo ver que el caso más emblemático en este sentido, es el Centro de Transferencia Modal (Cetram) Chapultepec, que no estuvo considerado en el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano vigente para Cuauhtémoc como un territorio susceptible de desarrollo inmobiliario, y a pesar de la evidencia positiva y material establecida en el Plano E3, se otorga un uso del suelo que no corresponde, a un desarrollador privado, en un predio que es patrimonio de la Ciudad de México y, por lo tanto, de sus Ciudadanos.

Denunció que este modelo particular de gestión, genera beneficios para pocos y perjudica a la mayoría; además, compromete la sustentabilidad y la resiliencia de nuestra ciudad, no sólo en lo que queda de la presente administración, sino en el largo plazo.

A nombre de la bancada del Partido Acción Nacional, manifestó su preocupación porque la autoridad se aleje cada vez más del interés ciudadano y comunitario, dirigiéndose en favor de intereses particulares. “La factura final la terminaremos pagando todos. Estamos hablando de problemas que se heredarán a las siguientes generaciones”.