Por: Redacción/

La senadora Mariana Gómez del Campo Gurza solicitó a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) llevar a cabo las investigaciones pertinentes por el presunto desvío de recursos en diversas dependencias del Gobierno federal durante 2013 y 2014, así como presentar las denuncias correspondientes ante el ministerio público competente.

Mediante un punto de acuerdo presentado ante el pleno del Senado, la legisladora pidió también a la Procuraduría General de la República (PGR) iniciar las investigaciones, con total imparcialidad, por los mismos delitos, en los que también estarían involucradas diversas universidades, debido a la afectación que pudiere haber sufrido el erario público y, en su caso, aplicar la ley a los presuntos implicados.

Asimismo, Gómez del Campo Gurza pidió que el Senado de la República convoque a la Secretaría de la Función Pública (SFP) a una reunión de trabajo, con el fin de informar sobre las acciones que se llevarán a cabo en contra de los servidores públicos, que podrían estar relacionados con el presunto desvío de recursos en diversas dependencias del Gobierno mediante empresas fantasma.

La legisladora federal recordó que a inicios del presente mes un portal informativo dio a conocer una investigación que tituló “La Estafa Maestra”, en la que se documentan una serie de irregularidades que entidades del Gobierno federal han hecho a lo largo de varios años.

En el reportaje, continuó la senadora panista, se informa que al menos 11 dependencias hicieron diversos convenios con universidades públicas para la prestación de servicios. Sin embargo, se indica, éstas sólo fungieron como intermediarias, pues contrataron empresas para ello y, al mismo tiempo, obtuvieran una comisión.

Los casos de corrupción, dijo, se resumen en dos pasos: una dependencia del Gobierno federal le da dinero a una universidad pública y ésta última lo transfiere a una empresa fantasma.

Las universidades involucradas subcontrataron a 186 empresas y el cobro por intermediación fue de entre el 10 y 15 por ciento del total del convenio, refirió.

De acuerdo con la investigación, de esas 186 empresas, 128 tienen irregularidades legales y 11 empresas fueron declaradas “fantasmas” por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT), e investiga a nueve más por la misma razón.

Además, ocho de esas 186 empresas no se encuentran en el domicilio que declararon; 44 no tienen un registro en la Secretaría de Economía; seis tienen un giro totalmente diferente a las actividades para las que se contrataron, y 10 no fueron localizadas por la ASF.

Por lo anterior, todas esas empresas no debieron obtener contratos públicos, además de que la mayoría no hizo el servicio para el que se les contrató.

Las cuentas públicas investigadas son del año 2013 y 2014 y se detectó que los contratos ilegales fueron por un valor de 7 mil 670 millones de pesos, de los cuales no se sabe dónde quedaron 3 mil 433 millones.

De acuerdo con el reportaje, las principales dependencias y el monto de recursos que desviaron son:

Petróleos Mexicanos, en la gestión de Emilio Lozoya, con 3 mil 576 millones de pesos y 36 convenios celebrados.

Secretaría de Desarrollo Social, con Rosario Robles como titular, con 2 mil 224 millones de pesos y 10 convenios celebrados.

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, con Alfredo Del Mazo como titular, con 491 millones de pesos y tres convenios celebrados.

El Fondo de la Vivienda del ISSSTE, con 249 millones de pesos y seis convenios celebrados; la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con 52 millones de pesos y 4 convenios celebrados; la Secretaría de Educación Pública, con 278 millones de pesos y 3 convenios celebrados; entre otros.

Las universidades involucradas son: Universidad Autónoma del Estado de México, Universidad Autónoma del Carmen, Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Universidad Popular de la Chontalpa, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Universidad Politécnica del Golfo de México, Instituto Técnico Superior de Comalcalco y Universidad Tecnológica de Tabasco.

El punto de acuerdo, también suscrito por el senador Salvador López Brito, se turnó a la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana para su análisis y dictaminación.