Por: Redacción

La Asamblea Constituyente de la Ciudad de México estableció un conjunto de mecanismos novedosos en el ejercicio parlamentario que rompió con la disciplina partidaria tradicional, lo cual se logró con la construcción de acuerdos transversales y de consenso, sostuvo el senador Alejandro Encinas Rodríguez, al inaugurar el Seminario Constitución de la Ciudad de México, promovido por el Instituto Belisario Domínguez del Senado (IBD).

Señaló que con este Seminario se inicia el proceso de defensa de la Constitución Política de la Ciudad de México, además de que se llevarán distintas acciones de carácter jurídico para defender la Constitución que la Asamblea Constituyente construyó con voluntad política.

Lo que está a debate, apuntó, es el futuro del federalismo mexicano, el ejercicio de los derechos de las personas, el fortalecimiento de los gobiernos locales y, fundamentalmente, la concepción que se tiene para la descentralización y el ejercicio del poder público.

El senador advirtió que por su integración paritaria, se logró una Constitución de avanzada en la que se reconocen diversos derechos: sexuales reproductivos, al libre desarrollo de la personalidad, a la autodeterminación de las personas, así como cambios en prácticas políticas, como el que todos los órganos de gobierno sean paritarios.

Después de su aprobación, se presentaron acciones de inconstitucionalidad, cuestionando aspectos sustantivos, denunció. La Procuraduría General de la República (PGR) cuestiona 39 artículos fundamentales sobre la Carta de Derechos, cuyo argumento es que no se pueden dar más derechos de los establecidos en la Carta Magna, añadió.

Al participar en la Mesa “Retos legales de la Constitución de la Ciudad de México”, la ex Ministra Olga Sánchez Cordero, aseguró que la Constitución de la Ciudad de México tiene un espectro enorme de derechos.

Entre los grandes avances –destacó- el reconocimiento del matrimonio y los derechos de las familias de la comunidad lésbico, gay, bisexual, transgénero, travesti, transexual, transgénero e intersexual; el uso médico y terapéutico de la cannabis y sus derivados de conformidad a la Constitución Política. Además, la conformación del Congreso de la Ciudad de México; la desaparición el fuero; el derecho humano a la buena administración; la revocación de mandato; y el cambio en el diseño del poder judicial, entre otros.

Por su parte, Ana Laura Magaloni Kerpel, de la División de Estudios Jurídicos, del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), señaló que PGR impugnó los derechos que dan identidad a la comunidad política de la Ciudad de México, como el derecho a la muerte digna, a decidir y a las familias diversas.

Destacó la creación del Instituto de la Defensoría Pública, la configuración del Consejo de la Judicatura y el establecimiento de un conjunto de requisitos al Fiscal; por lo que, la defensa del capítulo judicial es importante. De no hacerlo, advirtió, se postergará una década más la construcción de las instituciones de procuración e impartición de justicia que urgen.

Makawi Staines Díaz, de Staines Abogados, aseguró que el reto de la Constitución de la Ciudad de México, es que sea eficaz, cumplida y aplicada por las autoridades. Señaló temas positivos como el cumplimiento de la amplia Carta de Derechos, la paridad de género; la indemnización por error judicial; y el establecimiento de los jueces de tutela.

En tanto, Arturo Espinoza, de Estrategia Electoral, indicó que el primer reto son las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales promovidas por diversos sujetos legitimados, porque la forma en que se resuelvan impactará tanto en el texto constitucional como en la legislación secundaria que derive.

Hizo un llamado a la Asamblea, pues las reglas electorales aplican a partir del próximo proceso electoral, es decir, en la primera semana de septiembre y 90 días antes debe estar lista dicha normatividad.

En la segunda mesa “Constitución de la Ciudad de México, un balance desde los constituyentes”, el diputado constituyente Carlos Gelista dijo que le toca a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dar “las interpretaciones de lo que quisimos decir”, para que se ajuste a la norma constitucional federal.

La diputada federal Cecilia Soto comparó las impugnaciones del Senado de la República, de la Presidencia de la República y de la Procuraduría General de la República y las encontró muy parecidas, por lo que, dijo “a mí me parece que hubo un solo redactor, y fue Presidencia de la República”.

El diputado Enrique Provencio refirió que el principal reto será la transición, entre 2018 y 2021, y será intensa porque exigirá una reforma profunda a la legislación secundaria y a la reglamentación, así como una reordenación de la gestión pública central y de las alcaldías.

La diputada Irma Sandoval comentó que aún existe mucho por mejorar en cuanto a la entidad soberana, y abundó que la Constitución de la cuidad contiene una definición retrógrada de lo que es la propiedad privada.

Juan Manuel Acuña, de la Universidad Panamericana, dijo que la Constitución tiene un problema de estilo, “en algunos ámbitos es difusa, y hasta diletante”. Espero, agregó, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no cercene las potencias que contiene, y los derechos que contempla sean una realidad.

Durante “La Constitución de la Ciudad de México desde la perspectiva urbana y su gobernanza”, tercera mesa de debate, Gabriel Negretto, de la División de Estudios Políticos del CIDE, dijo que no se corrigió el sistema electoral de la ciudad, porque no se permite votar por candidatos diferentes en las circunscripciones.

Mónica Tapia, integrante del colectivo Tú Constituyente, subrayó que en las iniciativas presentadas por los partidos en la Asamblea Legislativa, no tienen un representante por cada circunscripción, por el contrario “quieren que el alcalde se lleve la planilla de mayoría”, lo que implica que no haya un cambio, sostuvo.

Martha Delgado, ex secretaria de Medio Ambiente de la Ciudad de México, comentó que la Constitución no abrió espacios para los partidos políticos locales, porque la forma para crearlos es “imposible”, tienen terror de abrir espacios, lo que significa una oportunidad perdida.

Por su parte, Salvador Medina, del Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo (ITDP), criticó que el consejo consultivo ciudadano no pueda influir dentro de la planeación y el reordenamiento territorial; y dijo que las leyes de participación ciudadano son malas para captar el fenómeno urbano y tienen mecanismos de participación directa que para escalas pequeñas, son incompatibles, lo que no genera una democracia participativa.