• La organización manifestó que esta decisión trae mayores obstáculos administrativos y perdida de flexibilidad en la implementación de medidas de protección urgentes. Además, contraviene las recomendaciones de la ONU-DH.

Por: Oscar Nogueda/

El Juzgado Tercero de Distrito en Mérida, Yucatán brindó una suspensión  contra la decisión legislativa de desaparecer los fideicomisos a favor de los periodistas Bartolomé Canché, Edwin Canché y Félix Bigman, por lo que este dicho decreto no afectará sus medidas de protección otorgadas por el Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

“La decisión del juzgado se logró a partir de un juicio de amparo promovido por los mismos periodistas, con acompañamiento de ARTICLE 19 en contra del Decreto publicado el 06 de noviembre de 2020 en el Diario Oficial de la Federación, con el cual se extinguieron 109 fideicomisos públicos, incluyendo la eliminación de los recursos del Fondo de Ayuda, Atención y Reparación Integral (FAARI) a Víctimas y del Fideicomiso para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas”, mencionó la organización Article 19.

Article-19 destacó que la  decisión judicial ordenó la permanencia de las medidas de protección, sin embrago, no se garantizó su alcance sobre los recursos destinados a la implementación de estas medidas.

Asimismo,  subrayó la importancia de un análisis de fondo del juicio de amparo, con el objetivo de otorgar una protección efectiva los periodistas y activistas del país. Para ello, la organización mencionó que el juzgado debe declarar la inconstitucionalidad del decreto y ordenar a las autoridades destinar los recursos suficientes e idóneos para continuar con las medidas de protección a estos grupos.

“Los periodistas Bartolomé Canché, Edwin Canché y Félix Bigman se encuentran incorporados al Mecanismo de protección y cuentan con medidas otorgadas para hacer frente a múltiples agresiones que han sufrido con motivo de su labor informativa. En los tres casos, se han logrado diversas vinculaciones a proceso y sentencias a favor de los periodistas como víctimas de delitos y violaciones a sus derechos humanos. Sin embargo, las agresiones vinculadas con su labor periodística no han cesado”, señaló la organización Article-19.

Por otro lado, el Juzgado octavo de Distrito en San Luis Potosí concedió la suspensión provisional de este decreto, con el objetivo de que las víctimas sigan obteniendo los recursos del  Fondo de Ayuda, Atención y Reparación Integral a Víctimas (FAARI).

“La derogación de este Fondo implica la desaparición del recurso económico destinado exclusivamente para las medidas de ayuda, asistencia y reparación integral, que incluyen rehabilitación, restauración, satisfacción y compensación, todo ello para reparar los daños”, manifestó Article 19.

Ante la desaparición de los 109 fideicomisos, la organización manifestó que esta decisión trae mayores obstáculos administrativos y perdida de flexibilidad en la implementación de medidas de protección urgentes. Además, contraviene las recomendaciones del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) respecto a los recursos económicos dirigidos a víctimas de violaciones de derechos humanos.

También, manifestó su preocupación sobre el uso arbitrario de los recursos destinados al Mecanismo y al FAARI, ya que con la eliminación de los fideicomisos, desaparecen los candados que impedían el uso de este presupuesto para otros fines. Hasta el día de hoy,  la Secretaria de Gobernación no ha informado sobre los mecanismos para proteger estos recursos económicos.

“Preocupa el mensaje político que se envía a periodistas, personas defensoras y víctimas de violaciones graves a derechos humanos en el país quienes además de ser ignoradas durante las discusiones en la Cámara de Diputadas/os y en el Senado carecen de certeza sobre cómo sin candados ni recurso suficiente va a ser posible garantizar sus medidas de protección”, indicó Article 19.

Article 19 externó que es necesario construir una política pública que permita proteger, prevenir agresiones, combata la impunidad y repare el daño. Sin embargo, sostuvo que existe un panorama adverso a la construcción de políticas pública, ya que hay un debate sobre la eliminación de los organismos autónomos.

Por ello, la organización exhortó a los Poderes Judiciales que conozcan de estos amparos a realizar un estudio de fondo de esta situación, con el objetivo de garantizar la protección de periodistas y defensores de derechos humanos.

“Se exige a la Secretaría de Gobernación a informar de manera proactiva, clara, abierta y transparente un plan para garantizar durante el 2021 la implementación de medidas de protección para personas defensoras y periodistas, así como una atención integral a las víctimas”, dijo Article19.

Por último, llamó al Poder Legislativo a impedir la aprobación de leyes que puedan resultar contrarias al ejercicio de los derechos humanos.