Por: Ximena Islas Guerra 

Para dar a conocer el estudio Justicia a la medida: siete indicadores sobre la calidad de la Justicia Penal en México, el Centro de Análisis de Políticas Públicas, México Evalúa, convocó a una conferencia de prensa donde se explicó en qué consiste este documento y se detalló la propuesta de evaluar el sistema de justicia penal del país a través de la experiencia de los usuarios, desde la perspectiva de las víctimas y de los imputados.

En la presentación estuvieron presentes, la coordinadora del Programa de Calidad de la Justicia de México Evalúa y autora de libro, Layda Negrete (cabe mencionar que en este documento hay dos autoras, sin embargo, Leslie Solís no participó aunque sí estuvo presente en la conferencia); la directora general del ya mencionado centro de análisis, Edna Jaime; la profesora investigadora de la División de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Ana Laura Magaloni y el periodista y analista político, Carlos Puig.

Este documento, el cual cuenta con 264 páginas y se divide en 7 capítulos, uno por cada indicador, surge con la necesidad y el anhelo de los mexicanos por lograr una justicia de calidad. Negrete comentó que la reciente implementación de la reforma al sistema de justicia penal refleja ese deseo común, sin embargo, aún queda un largo camino por recorrer para que este sistema sea eficaz y respetuoso de los derechos humanos.

Respecto al proceso de elaboración del material, Negrete reveló que está investigación les llevó más de año y medio y que implicó el análisis de los indicadores que se presentan en el estudio pero también significó el de los que fueron descartados, se eligieron aquellos que pueden mejorar el sistema, de acuerdo con las opiniones de los usuarios.

“El sistema de justicia penal de México se percibe como una casa de los sustos, da miedo entrar a él y si se va a salir de él resulta incierto, es una situación muy paradójica ¿cómo le vas a tener pavor al sistema que te debe proteger? Entonces pensamos que esto debe cambiar y nuestra propuesta es presentar estos indicadores para que las instituciones de justicia recuperen la confianza de las dos partes, las víctimas y los imputados”, explicó.

Por otra parte, detalló cada uno de los indicadores que integran el libro (homicidio, confianza, denuncia, trato satisfactorio a víctimas, presunción de inocencia, proceso penal justo y cárcel digna y segura) en este caso sólo se mencionarán tres de ellos:

El primero es el homicidio, el cual es el principal reto que enfrentan los estados y la Ciudad de México, es un indicador que debe estar monitoreo por todas las autoridad, si los números en este delito se disparan, algo no está bien, el homicidio es la base fundamental para medir la justicia.

En segundo lugar, está la confianza, esto se debe a que, a nivel nacional, la mayoría de las personas desconfían del sistema de justicia penal, “queremos que cuando alguien tenga un problema, llamen a las autoridades y no a sus mamás, sucedió con lo del casino Royale (atentado en Monterrey en el año 2011), las personas le marcaban a sus mamás”, aseguró.

El siguiente indicador es la denuncia, la cual es el aspecto esencial del sistema de justicia penal, las autoridades no se va enterar de la criminalidad si no se le hace saber a través de la denuncia ciudadana. La autora dijo que la denuncia no se va a lograr si las personas no confían en las autoridades.

Posteriormente, Magaloni, expresó que si el proceso de justicia respetara los derechos humanos y no se limitara a imponer, las dos partes aceptarían las decisiones de los jueces porque realmente se estaría dando una justicia, si el proceso no es justo, no se puede hablar de la justicia en el país, además resalta la importancia de la confianza pues con ella, las personas se animan a denunciar y si lo hacen es porque creen que el sistema de justicia puede hacer algo por ellos. Asimismo, remarcó que no solamente se debe tener empatía con las victimas, pues también son importantes los derechos de los imputados, “la cárcel en la actualidad, no busca reintegrar a los individuos a la sociedad, castiga de tal manera que cuando salen están en peor estado”, agregó.

Por otro lado, contrastó los siete indicadores propuestos con la opinión del presidente Peña Nieto del sistema penal acusatorio, quien le atribuye la capacidad de lograr una “una justicia pronta y expedita” en un artículo publicado por El Universal. “El título de éste nos habla de qué tan alejada es la visión del ejecutivo respecto a lo que realmente es el proceso, no es un asunto de tiempo y no se trata de lo pronto, es un hecho se reconstrucción y de confianza de los ciudadanos con las autoridades, debe restablecer los vínculos fracturados”, concluyó la profesora investigadora de la División de Estudios Jurídicos del CIDE.