Por: Vicente Flores Hernández

Familiares de Julio César Mondragón Fontes, normalista asesinado durante los hechos ocurridos el 26 y 27 se septiembre en Iguala, indicaron que la Procuraduría General de la República (PGR) no cuenta con pruebas suficientes para consignar Mauro Taboada Salgado como responsable del asesinato del estudiante de la escuela normal Rural “Raúl Isidro Burgos”.

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Por medio de un comunicado, mencionó que Taboada no fue detenido por el homicidio de Julio César, sino porque fue encontrado responsable del delito de portación de arma de fuego.

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Añade que Lo PGR no cuenta con otra prueba que señale la relación de Taboada con el asesinato de Mondragón, más que unas lineas referidas en la declaración de Gildardo López Astudilla, ‘El cabo Gil’ detenido en septiembre de 2015 e identificado como de las células de sicarios y halcones de Guerreros Unidos que operaban en Iguala y Cocula.

“Julio César Mondragón fue víctima de un ataque tumultario, por ningún motivo aceptamos la teoría del asesino solitario. Las múltiples fracturas que Julio sufrió en el tórax y cráneo, las marcas de arrastre que se observan en su cuerpo y el desollamiento de su rostro como mensaje de terror, no pueden ser cometidas por un solo individuo” dice a la letra el texto.

Familiares de los normalistas sostienen que con la presentación de éstos detenidos, la PGR sigue intentando reforzar la “mentira histórica” , ya que anuncian sin pruebas que Taboada está implicado en la muerte de Julio es “una burla para su familia”.

Añaden que los familiares continúan al lado de el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para esclarecer los hechos de la noche del 26 de septiembre en Iguala, Guerrero.

El comunicado denuncia que la roba de Mondragón no fue analizada para determinar las condiciones de su muerte, además de que en el expediente, no existe ningún registro de lo que ocurrió con el globo ocular de Julio “este ojo le fue arrancado, debía quedar registrado qué ocurrió con el, como su embalaje y su destino final”.

El comunicado concluye condenando la “nula sensibilidad del tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, de la Procuraduría General de la República y del Presidente Enrique Peña Nieto”.