• La ONG subrayó que la Fiscalía de Sinaloa ha ignorado en diversas ocasiones los llamados de organismos internacionales, del Poder Judicial y del gobierno federal sobre el cumplimiento de  sus obligaciones en materia de derechos humanos.

Por: Oscar Nogueda/

Por tercera ocasión, el Juez Quinto de Distrito de Sinaloa ordenó a la Fiscalía del estado cumplir con las recomendaciones emitidas por el Comité contra las Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas (Comité CED) en el caso de la desaparición forzada de David Mendoza Marín, Margarita Marín Yan y Alfredo Elías Marín Bustos en Ahome, Sinaloa.

“Es la tercera vez que el juez ordena a la fiscalía la ejecución de las órdenes de aprehensión emitidas el 15 de abril de 2016 en contra tres policías involucrados en la desaparición de los jóvenes; y cumplir con las recomendaciones del Comité CED”, señaló la organización Idheas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos.

De acuerdo a la organización, las medidas recomendadas por el organismo internacional incluyen brindar información sobre los obstáculos para aprehender a tres policías municipales involucrados en estos hechos y llamar a cuentas a los mandos policiales directos de los servidores que detuvieron a los jóvenes.

A pesar de que la Fiscalía estatal tuvo un plazo de tres días, a partir del 24 de febrero del 2021, para informar sobre el cumplimiento de las medidas del Comité, la organización aseguró que las autoridades ministeriales no se han pronunciado al respecto.

El 21 de Julio de 2015 David Mendoza Marín, Margarita Marín Yan y Alfredo Elías Marín Bustos fueron detenidos por la policía municipal, quienes subieron a las víctimas a una patrulla y después a un automóvil compacto.

Después de tres denuncias e insistencia de los familiares, un juez emitió una orden de aprehensión contra cuatro policías involucrados en estos hechos, no obstante, los elementos de seguridad fueron avisados y huyeron, por lo que se desconoce su paradero.

Adicionalmente, Idheas solicitó acciones urgentes al Comité CED y medidas cautelares a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) para impulsar la búsqueda de los jóvenes y brindar protección a los familiares de las víctimas debido al acoso recibido por la policía municipal de los Mochis, Sinaloa.

En agosto del 2018, el colectivo Rastreadoras por la Paz encontró los restos de David, Alfredo y Margarita en el predio “Las Gruyas”, los cuales fueron reconocidos por sus familiares y  entregados a los mismos un año después.

“El CED ha emitido diversas comunicaciones al Estado mexicano por este caso, la más reciente, del 10 de julio de 2020. Sin embargo, a la fecha no hay un informe por parte de México sobre la aceptación de las medidas y los resultados arrojados”, indicó Idheas.

La ONG subrayó que la Fiscalía de Sinaloa ha ignorado en diversas ocasiones los llamados de organismos internacionales, del Poder Judicial y del gobierno federal sobre el cumplimiento de  sus obligaciones en materia de derechos humanos.

“Reconocemos las decisiones del juez de señalar a las autoridades responsables la obligatoriedad de observar y cumplir las determinaciones de organismos internacionales, ya que sin duda genera precedentes y criterios que benefician los procesos de las víctimas de violaciones graves a derechos humanos”, manifestó Idheas.

Por último, Idheas llamó a la Fiscalía de Sinaloa a cumplir  de manera inmediata con la sentencia judicial derivada del amparo 64/2018.