Por: Redacción

“No podemos dejar lagunas, porque sería una falta de responsabilidad legislativa, pues hablamos de seres humanos, de niños y sus familias que se ven vulnerables por estas inconsistencias legislativas”, afirmó la presidenta de la Comisión de Familia y Desarrollo Humano, senadora Lisbeth Hernández Lecona, en la dictaminación de modificaciones a la Ley General de Salud, en materia de maternidad subrogada

Lo anterior durante el Seminario de Derechos Humanos y Bioética, donde la legisladora del Grupo Parlamentario del PRI dijo que la propuesta parlamentaria sobre maternidad subrogada fue avalada por el Senado en noviembre de 2015, y actualmente se encuentra en revisión en comisiones, tras su modificación por la Cámara de Diputados.

El objetivo de las modificaciones de ley en mención es evitar delitos como explotación de mujeres, tráfico de menores, de órganos y problemas legales, bajo el principio de hacer valer el interés superior de la niñez y la protección de las mujeres.

“La vida puede convertirse en un contrato mercantil”, advirtió Hernández Lecona al destacar la obligación del Poder Legislativo de proteger derechos públicos y privados, como el de identidad, patria potestad, pensión alimenticia, herencia y otros.

Ello conlleva a concatenar todas las leyes relacionadas al tema, como la de Salud, el de los derechos de la niñez y adolescencia, entre otras, a fin de evitar esas lagunas y, con ello, que se dé pauta a intromisiones de otros poderes. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) “empieza a realizar a funciones legislativas que no le corresponden, cuando solamente son intérpretes de la ley”, acotó Hernández Lecona.

Al respecto, la especialista Angélica Laurent, de la Universidad Anáhuac, explicó que la Cámara de Diputados reformó la propuesta del Senado sobre la también llamada gestación por sustitución, para elevar las sanciones contra quienes incurran en esta práctica –que eran de cuatro a diez años– para sancionarlas con penas de 15 a 30 años de cárcel, y multas de 30 mil a 50 mil unidades de medida y actualización.

Lamentó que al regresar la propuesta al Senado se registre este proceso de revisión y no se proceda a legislarlo como un derecho vigente, e incluso sea posible someterlo a modificaciones; cuando resultaba concordante con la protección del interés superior de la niñez y de los derechos de las mujeres.

En la propuesta original del Senado se tipificaba la subrogación de vientre como delito “para quien explote a una mujer con fines de gestar a una niña, un niño, para que después de nacido sea separado de su madre o se entregue a un tercero”, precisó.

La verdad de las cosas esta iniciativa era muy favorable –agregó—pues resolvía además un problema de salud pública, porque evitaba los casos en que la madre gestante era contagiada por la donación, con enfermedades como VIH.

Para dimensionar la problemática, la experta refirió que un estudio de la Cámara de Diputados, presentado el 27 de marzo pasado, refirió que México se ha convertido en un centro internacional de maternidad subrogada, sin la debida protección para las mujeres mexicanas.

La investigación revela, agregó, que de cada 800 familias españolas que pretenden la maternidad subrogada, la mayoría acude a México, particularmente a Tabasco, y entregan a la mujer que accede a alquilar su vientre un pago inicial 35 mil pesos y depósitos mensuales por cada revisión médica.

Esto es sólo en cuanto a España, si se sumaran otros países, los casos se elevan de forma exponencial con un grave problema de explotación de las mujeres mexicanas, a causa de la pobreza, que se hacen más vulnerables por situaciones en que son abandonadas porque hubo problemas en el embarazo, se elevó el costo de la atención médica, o simplemente quienes la contrataron ya no quieren al bebé.

Esto, advirtió, atenta directamente contra la niñez, pues en ocasiones los bebés son reclamados por la pareja pero la mujer contratada ya no quiere entregarlo; o viceversa, quien alquiló su vientre lo quiere entregar, pero quienes la contrataron ya no desean la adopción.

Ante ello, llamó al Senado a cumplir con la responsabilidad que tiene de proteger a la familia y resolver los graves problemas que implica, tanto social como en materia de salud, el alquiler de vientres, así como de acabar con la incertidumbre en torno a la identidad y seguridad de los menores.

Por otra parte, al abordar el tema de Bioética y Ecología, el especialista Héctor Zagal Arreguín, de la Universidad Panamericana, llamó a construir una legislación que proteja a los animales, pero sin anteponer este interés al de la sobrevivencia humana.