• Artículo 19 y CPJ International, Reporteros sin fronteras y Propuesta Cívica, entre otros organismos, así como el senador Germán Martínez Cázares presentaron también un Amicus Curiae, que “esperamos la Corte valore sobre el proceso próximo a solucionar”.

Por: Redacción/

La doctora Perla Gómez Gallardo, investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), impulsa el proyecto Todos por el Derecho a la información (TPDI) en la Unidad Cuajimalpa y como parte del mismo elaboró un Amicus Curiae (Amigos de la Corte), que consiste en un documento en el que terceros ajenos a una disputa aportan argumentos u opiniones que pueden servir como elementos de juicio relativos a aspectos de la jurisprudencia que se ventilan ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

La profesora del Departamento de Estudios Institucionales de esa sede universitaria expuso ante la Corte puntos relevantes del Amicus Curiae en defensa de la libertad de expresión del doctor Sergio Aguayo Quezada, entre los cuales destacó que el también analista fue condenado con base en una legislación derogada y, por tanto, sin vigencia desde 2006.

El acoso judicial que sufre el investigador y académico por parte del ex gobernador del estado de Coahuila, Humberto Moreira Valdés, lleva varios años y en este momento se encuentra ante la posible resolución de la SCJN, cuya atracción como caso relevante en materia de libertad de expresión permitiría dejar un precedente “sobre lo que va a pasar en otros en los que se difunden notas de interés público por parte de periodistas que son llamados a juicio”.

Artículo 19 y CPJ International, Reporteros sin fronteras y Propuesta Cívica, entre otros organismos, así como el senador Germán Martínez Cázares presentaron también un Amicus Curiae, que “esperamos la Corte valore sobre el proceso próximo a solucionar”.

El elemento “más grave” en este caso es el acoso judicial, en el que se utiliza a las instancias jurisdiccionales para tener a un periodista amedrentado y con ello enviar mensaje a sus colegas en el sentido de que “tienen riesgo de perder su patrimonio”, ya que Aguayo Quezada fue condenado al pago de diez millones de pesos, cifra que le fue concedida al gobernador “sin algún tipo de revisión integral sobre la posible afectación”.

Otro componente delicado es que se utilizaron leyes derogadas desde 2006 y que uno de los integrantes de la sala que resolvió el juicio tuvo el beneficio de habérsele entregado a su hermano una notaría en el estado de Coahuila, por tanto, “hay varias circunstancias que nos tienen preocupados, porque no vaya a quedar un precedente que limite la libertad de expresión”.

Si desde 2006 existe la llamada Ley de responsabilidad civil para la protección del derecho a la vida privada, el honor y la propia imagen en la Ciudad de México, lo primero que evita es lucrar con el honor y, por tanto, imponer cifras exorbitantes que además no corresponde al demandante fijar.

“La propia legislación anterior vigente para otros casos de responsabilidad, que no tienen que ver con libertad de expresión, maneja que sea el juez quien valore el grado de responsabilidad y de presunta afectación, así como la cuestión socioeconómica de ambas partes, y con eso se hace una posible evaluación de una cuantificación”, es decir, “aunque estuviera vigente la ley que invocaron, no actuaron conforme a ese parámetro”.

“Este ejercicio que hicieron de ‘lo que piden concedo’ sí es grave porque puede llegar, como hay otros casos lamentables en México, a figuras públicas, ya que no se trata de un particular que se siente ofendido por una nota, sino de un político que tuvo un cargo público y a quien se hizo un señalamiento con investigación seria, metodológica y con expresiones de escrutinio; no se tocó su vida personal y no hay ninguna expresión más allá de argumentar lo que se documentó”.

El escenario donde el poder judicial local, en este caso el de la Ciudad de México –después de tanto tiempo de vigencia de una ley– no tenga conocimiento de la misma “es delicado” y por ello exhortó al presidente del Tribunal Superior de Justicia en la capital a comprometerse a impulsar la capacitación permanente de sus integrantes, porque este caso evidencia negligencia de los juzgadores.

Por lo que destacó que la Primera Sala de la SCJN tiene la oportunidad de fijar un precedente en beneficio de la libertad de expresión en casos de interés público y respecto de figuras públicas que tienen una protección limitada.

La doctora Gómez Gallardo encomió que desde la propia UAM las investigaciones permitan el acercamiento institucional y la apertura “que siempre hemos tenido de las autoridades universitarias a respaldar estas causas, porque son parte de nuestro fin social, ya que vamos por los estándares más altos de derechos humanos”.

El proyecto TPDI está constituido en dos: el primero justo en el litigio estratégico e incidencia legislativa y de divulgación en materia de libertad de expresión y el segundo de ellos es el de Transparencia y Acceso a la información, en cuyo marco se han realizado diversas actividades, entre ellas un estudio sobre transparencia universitaria, recién actualizado, en el que son analizados todos los portales de las universidades, análisis sobre políticas públicas y temas de derechos humanos, en particular un diagnóstico sobre la Ciudad de México que se entregó a la jefa de gobierno.

En asuntos de libertad de expresión ha habido acompañamiento importante de diversos casos, incluido el de Regino Díaz Redondo contra el periodista Miguel Ángel Granados Chapa, quien fue absuelto junto con Froylán López Narváez; otro donde una ex magistrada del tribunal fiscal demandó al periodista Eduardo Huchim y otros colegas que también fueron absueltos. Posteriormente el caso del historiador Lorenzo Meyer, demandado por Carlos Marín; además del litigio más largo (dieciséis años y meses) en la historia de daño moral contra Alfredo Rivera Flores y Granados Chapa por el político ahora detenido en una cárcel de máxima seguridad Gerardo Sosa Castelán, entre otros.

La intención es tratar de ayudar desde la academia a que no haya un desgaste económico de periodistas y en casos emblemáticos darles el acompañamiento y la asesoría en el litigio.

También asesoran otros juicios que tienen lugar en otros estados de la República y también “hemos hecho un giro para presentar Amicus, lo que permite reforzar y coadyuvar” en los litigios que se siguen en diferentes casos con argumentos técnico-jurídicos especializados y estándares en materia de Derechos Humanos.

También consideró hacer la actualización al proyecto con el fin de empoderar a organizaciones, mediante la transparencia y el acceso a la información, en materia de violencia de género, desapariciones forzadas, desplazamientos forzados y juventudes, y hacer un repositorio donde puedan encontrarse todas las normatividades vigentes y los estándares para que cualquier persona estudiosa u organismo que necesite consultar esos derechos tenga un instrumento desde el propio portal de la universidad, en el marco de su participación en la Red de Violencias.