Por: Redacción
Una política de inversión en infraestructura educativa junto con una disciplina fiscal por parte de las autoridades, para lograr la cobertura universal en Educación Media Superior (EMS), generaría un efecto conjugado de aumento en la productividad e ingresos de las familias y la disminución en el precio de la educación; señala el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República (IBD).
El documento “Modelo de factibilidad hacendaria: caso práctico para evaluar la sostenibilidad de la inversión en Educación Media Superior en México”, elaborado por la Dirección General de Finanzas del IBD, evalúa el impacto y las consecuencias de invertir en infraestructura educativa del nivel medio superior sobre la economía mexicana.
El análisis se centra en modelar la inversión en infraestructura que se necesita para soportar la dinámica de la población estudiantil del nivel medio superior y con ello evaluar los impactos sobre el bienestar de las familias, la sostenibilidad de las finanzas públicas y el crecimiento económico.
Con este propósito, toma como marco de referencia la reforma al artículo tercero constitucional, elaborada en el año 2012, donde se estableció que el Estado debe garantizar la EMS para aquellas personas que en edad típica hubieran concluido la educación básica.
La investigación reconoce que, en el corto plazo, esta política podría incidir en la deuda pública, además de generar desplazamientos en la inversión y el consumo privado; pero en el largo plazo estos dos indicadores crecerían para producir una expansión generalizada del bienestar de los hogares mexicanos.
Asimismo, se impulsaría la formación de capital humano, al incrementar el número de años de escolaridad promedio entre la población y crecería el ingreso de las familias. En particular, este aumento de ingreso se daría entre la población menos favorecida para crear un efecto redistributivo de la riqueza.
La Dirección General de Finanzas señala en el estudio que utilizar el crédito público como instrumento de financiamiento de corto plazo, o el aumento en las tasas impositivas al consumo o al ingreso como instrumento de largo plazo, a fin de invertir en infraestructura del nivel medio superior, para lograr su universalización, es sostenible fiscalmente y tiene resultados positivos para el crecimiento económico y el bienestar de la población.
Las presiones presupuestarias más fuertes provienen del gasto corriente, incluso en mayor grado que el gasto necesario para desarrollar la infraestructura educativa, reconoce. Sin embargo, reitera, se traducen en que esta política de inversión sea sostenible y no comprometa el nivel de deuda pública en el largo plazo.
Advierte que implementar una política de esta magnitud representa retos importantes, ya que garantizar su factibilidad necesita del incremento de impuestos, posibles desplazamientos de inversión privada en el corto plazo, o disminuir el gasto público de determinados sectores para financiar el proyecto.
El análisis señala que organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), han realizado esfuerzos importantes para crear metodologías robustas, que permitan evaluar los efectos macroeconómicos y fiscales de implementar políticas de inversión en infraestructura, esto con el fin de otorgar directrices que ayuden a los responsables de ejecutar dichas políticas.
En ese sentido, el documento hace uso de un modelo de equilibrio general con el que se analiza el papel que desempeñan los agentes económicos y con ello se dimensionan las interacciones y los efectos que prevalecen entre los diferentes sectores productivos y de la población. Lo anterior, permite modelar las consecuencias en el corto, mediano y largo plazo para promover la toma de decisiones informadas entre las autoridades.
El documento “Modelo de factibilidad hacendaria: caso práctico para evaluar la sostenibilidad de la inversión en Educación Media Superior en México” se puede consultar en la dirección electrónica:
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