Por: Redacción/
El presidente de la Junta de Coordinación Política, diputado Mario Delgado Carrillo (Morena), afirmó que el gran reto del Paquete Económico 2019 será demostrar que la responsabilidad fiscal y social no son incompatibles, y que el Presupuesto de Egresos puede ser también un instrumento de transformación del modelo económico de México.
Al instalarse la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública que presidirá el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar (Morena), Delgado Carrillo sostuvo que “el Presupuesto es la cuenta de las prioridades y se trabaja para que el gasto 2019 contenga una austeridad republicana por la que votó la gente”, con el propósito de terminar con excesos y privilegios que se habían acumulado durante años.
Refirió que se ha presentado una iniciativa de ley en materia de austeridad republicana, para que ésta “no sea una moda o un esfuerzo temporal, sino una característica permanente de la administración pública en México, y no se repita el crecimiento del gasto improductivo que comprometen las finanzas públicas”.
Comentó que a iniciativa del diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, se realizará próximamente una Convención Nacional Hacendaria, a fin de que los criterios de austeridad se compartan en todas las entidades federativas, para tener, de una vez por todas, orden en la aplicación de todos los recursos públicos, en los tres los niveles de gobierno.
Mario Delgado propuso “hacer una reingeniería presupuestal para terminar con el Ramo 23, que tanto ha desprestigiado a la Cámara de Diputados y al país”, y transparentar las partidas presupuestales que tienen un destino específico como el Fondo de Desastres Naturales (Fonden).
“Tenemos el firme compromiso de terminar con los moches, que no vuelva a ocurrir el reparto de prebendas a través de múltiples proyectos sin sustento que terminan yéndose por el caño de la corrupción y el desperdició”, aseveró.
El diputado Jesús Alcántara Núñez (PVEM) afirmó que el análisis y discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación tendrá un alto sentido de responsabilidad. “Lo que se defina en esta Comisión deberá responder a exigencias y necesidades de la ciudadanía”.
Añadió que ante a un escenario “de posible incertidumbre por el cambio de administración, tendremos que generar los consensos para reflejar el trabajo responsable y coordinado, que ejecutaremos”.
Destacó que el PEF es el mayor instrumento de política pública que posee el país y constituye el eje operativo de las finanzas públicas del Estado, pues mediante éste concreta acciones gubernamentales y en él establece sus prioridades que se reflejan la asignación de recursos entre los distintos programas presupuestarios.
Enseguida, del grupo parlamentario del PRD, el diputado Ricardo Gallardo Cardona dijo que ante la incertidumbre que provoca la próxima transición en la administración pública federal, la Cámara de Diputados debe tener, hoy más que nunca, el fuerte compromiso de crear los consensos necesarios para traer la prosperidad del país.
Sostuvo que no se puede hablar de proyectar nuevos programas sociales, disminuyendo los recursos a las entidades federativas sobre todo en el tema del combate a la corrupción, y no bajar el precio de las gasolinas que es la mayor preocupación y el mayor reclamo del país.
“La discusión del Paquete Económico 2019 debe darse con total apego a las necesidades de la población y sus diversos sectores, con un enfoque de derechos humanos; sobre todo, debe ser una discusión técnica y transparente, con la responsabilidad que requiere tratar temas macroeconómicos”.
Añadió que el país necesita un Estado de bienestar, y para ello los grandes capitales deben pagar impuestos sin excepciones. “El Estado debe cumplir sus obligaciones sociales para reducir las desigualdades, y debemos fortalecer sus finanzas. No basta con el recorte presupuestal de austeridad, la solución se encuentra en una política fiscal progresiva”.
La diputada Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández (MC) afirmó que en el análisis de la política económica será fundamental vigilar que el gasto gubernamental se encamine al cierre de las brechas de desigualdad y contribuya al desarrollo. “Demos un giro de 180 grados en el manejo de finanzas públicas, pues México ya no soporta otro sexenio de dispendio y discrecionalidad”.
Indicó que en México “se derrochan recursos públicos mientras existen 53 millones de mexicanas y mexicanos en situación de pobreza”, por eso llamó a detener el derroche presupuestal, los recortes y el subejercicio de programas prioritarios; pidió analizar con lupa el gasto y hacer valer la rendición de cuentas. “No permitamos que los recursos públicos sean fuente de privilegios, ni solapemos su malversación”.
Señaló que esta Comisión es el espacio fundamental para materializar las demandas sobre el buen manejo de fondos públicos, eliminar bonos y privilegios para la clase política, revertir la “ley chayote” por el exceso de gasto en publicidad oficial, regular fideicomisos públicos, garantizar derecho a salud y cultura. Llamó a estar conscientes de su responsabilidad y defender que el gasto gubernamental cumpla con criterios de austeridad, racionalidad, eficiencia, equidad y transparencia. “Todo en sintonía con los derechos humanos”.
Enseguida, la diputada María del Carmen Cabrera Lagunas (PES) afirmó que esta instancia puede proponer reasignaciones para cambiar el rumbo del país, con un presupuesto de verdadera orientación social. Planteó establecer claramente las principales directrices de la política de gasto y los componentes de distribución a las entidades federativas.
Se pronunció por impulsar acciones que mejoren el diseño y evaluación de gasto público; por iniciar trabajos para dictaminarlas cuentas públicas pendientes, pues “es fundamental” mejorar la gestión de gobierno y revisar el uso eficiente de los recursos públicos.
Propuso fortalecer la economía interna, garantizando el bienestar de todas las familias mexicanas, y replantear la forma de trabajar para que el próximo ejercicio fiscal sea transparente y evite la corrupción y la impunidad.
El diputado Reginaldo Sandoval Flores (PT) sostuvo que la Comisión tiene el compromiso de reorientar el presupuesto para impulsar un modelo de desarrollo económico incluyente, que promueva la justicia social y abata las desigualdades. “Ha llegado el momento de darle un sentido popular al gasto público y replantear las prioridades económicas”.
Subrayó que su fracción promueve a una iniciativa para impulsar el presupuesto participativo, a fin de que las propias localidades, barrios y organizaciones de la sociedad civil formulen los proyectos que respondan a sus necesidades.
Añadió que el presupuesto es un elemento para definir la política económica; por lo tanto, dijo, puede contribuir a cambiar el modelo neoliberal que en más de tres décadas, ha propiciado la concentración inmoral de la riqueza, la exclusión de los sectores populares, el desmantelamiento de la economía nacional y la disminución de la responsabilidad social del Estado.
En representación del PRI, el diputado Alfredo Villegas Arreola se comprometió a integrarse al diálogo ordenado, abierto y civilizado, para cumplir con los objetivos de analizar, revisar, estudiar y aprobar, en su caso, el presupuesto.
Afirmó que hoy se tiene la responsabilidad de ejercer los recursos públicos con transparencia, honestidad, y cumplir los objetivos eminentemente sociales, evitar desigualdades y promover un reparto de riqueza equilibrado.
Insistió en que su fracción sumará esfuerzos muy comprometidos para que esta Comisión cumpla su misión.
El legislador panista, Xavier Azuara Zúñiga, expresó que “hoy México inicia un nuevo proyecto de nación, es por ello que para esta Comisión será primordial generar un paquete presupuestal que defina claramente la aplicación de los recursos”.
Destacó a la estabilidad de la economía como condición necesaria para lograr un crecimiento sostenido y elevado que permita generar riquezas y empleos; sin embargo, la tasa de crecimiento promedio del país no rebasó el dos por ciento, aunque ese crecimiento no es generalizado, pues entidades como Baja California, Guanajuato y Aguascalientes crecieron al cinco por ciento.
Es urgente, indicó, limitar el crecimiento del gasto no prioritario, impulsar la inversión física, regular la transferencia de recursos que se realizan a los estados a través de figuras discrecionales que no cuentan con regulaciones.
El diputado Erasmo González Robledo (Morena) dijo que a la Comisión le corresponderá hacer un análisis del presupuesto para el 2019, además de que habrá de revisarse la Ley de Presupuesto de Egresos de la Federación, que tiene gran implicación económica para la vida del país.
El trabajo de los legisladores será enviar un mensaje claro y preciso a los representados al tomar las decisiones correctas, al dictaminar el presupuesto y actuar con alto sentido de responsabilidad, aseguró.
Esto, continuó, para determinar los montos de las partidas del bienestar social, salud, educación, empleo, cultura, deporte, seguridad pública, procuración y administración de justicia y defensa nacional, es decir, fortalecer el Estado de Derecho y con ello contribuir al crecimiento justo y equilibrado de la nación.
Carlos Urzúa Macías, designado Secretario de Hacienda y Crédito Público del próximo gobierno federal, comentó que el Paquete Económico para el 2019 va estar muy bien hecho, pues “estamos mirando con lupa cada uno de los rubros de gastos, en particular, los programas sociales y gastos de inversión, teniendo siempre en cuenta la enorme desigual regional que hay en el país”.
En este sentido, explicó que el crecimiento se da de la mitad superior del país y no de la mitad inferior, es un problema muy grave que “no hemos podido solucionar, y ahora vamos a tratar de atender, pero necesitamos de su ayuda para atenderlo en lo posible”.
Subrayó que actualmente existe un estado de indigencia en muchos mexicanos. “Es penoso y será en el corto plazo muy difícil de atacar, ya que es inmoral que se realice el presupuesto federal en beneficio de ciertos sectores”.
“Tengan la seguridad de que vamos a poner mucho énfasis de tener una austeridad republicana. Para darles un ejemplo, la Secretaría de Hacienda sólo tendrá cinco asesores, incluyendo comisiones supervisoras; en el área de comunicaciones habrá cinco personas; en materia de informática, todos vamos a responder a una coordinación que va a estar en la Presidencia y que tendrá un control férreo de los gastos en software”.
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