Por: Redacción/

Al instalar el Consejo Consultivo y Ciudadano para el Seguimiento a Casos de Feminicidios y otras formas de Violencia contra las Mujeres, la diputada Lorena Villavicencio Ayala señaló que su objetivo es vigilar y crear mecanismos de prevención, investigación y sanción en contra de cualquier vulneración de los derechos del sector femenino.

Asimismo, la coordinadora de la subcomisión de Feminicidios y Violencia hacia las Mujeres, dependiente de la Comisión de Justicia, precisó que también se revisará y fortalecerá el marco jurídico, el estatus y avance de los casos catalogados como crímenes contra la mujer, desapariciones, trata de personas, violaciones sexuales y otro tipo de agresión.

En este sentido, la diputada de Morena informó que la Comisión ha solicitado la comparecencia del fiscal general en su carácter de integrante de la conferencia de procuradores para conocer cuáles son las medidas específicas que se toman para esclarecer los feminicidios, porque existe ausencia de justicia en el país, comentó.

Añadió que otros objetivos consisten en revisar presupuestal y operativamente la alerta de género y las leyes generales de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y la de Protección y Asistencia a las Víctimas de estos delitos, a fin de lograr concretar una legislación en materia de feminicidio.

Destacó que este consejo está constituido por mujeres que han transitado por el laberinto de la justicia y enfrentado a ministerios públicos, jueces y protocolos de actuación que no se cumplen.

La diputada Esmeralda de los Ángeles Moreno Medina (PES), indicó que delitos como los feminicidios no pueden quedar impunes, pues los ofendidos tienen derechos establecidos en la Constitución, los cuales van desde la ayuda médica, asesoría jurídica gratuita y el pago del daño material o moral, a que se le reciban los datos de prueba en el proceso de investigación e impugnar las omisiones del Ministerio Publico.

La también secretaria de la Comisión de Seguridad Pública, se comprometió a trabajar a favor de las personas que sufren la pérdida de un ser querido y dar seguimiento puntual al proceso de investigación de feminicidios, tratando a cada uno de ellos de forma particular y esclarecerlos. Por ello impulsará una iniciativa que reforma el Código Penal Federal, a fin de que este delito tenga como pena máxima la cadena perpetua.

La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña (PRD) comentó que hubo un retroceso cultural de 2013 a 2018, ya que se pasó de un 18 por ciento de personas que consideraban que las mujeres son las responsables de los ataques sufridos a “un alarmante” 33 por ciento de quienes culpan a las propias víctimas. Por ello, consideró que se debe trabajar desde el Congreso de la Unión en castigar y erradicar este daño.

En tanto, la diputada María Elizabeth Díaz García (Morena) sostuvo que en nuestro país “las mujeres estamos viviendo una tragedia y una emergencia nacional”. Según las estadísticas, de 11 feminicidios que se comenten todos los días en América Latina, 10 son en México; “es muy preocupante y alarmante lo que está pasando”, por lo que consideró que se debe trabajar de manera conjunta en esta lucha.

La diputada perredista, Guadalupe Almaguer Pardo afirmó que el compromiso de las legisladoras es trabajar a favor de las mujeres, porque entendemos la exigencia de las madres de las víctimas, por ello, buscaremos erradicar la violencia de género.

Edna Teresa Guzmán García, subdirectora de área de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim) aseguró que se estará dando seguimiento puntual a cada una de las acciones, a través del Consejo Consultivo instalado.

Magda Coss Noguera, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, señaló la necesidad de reforzar y articular las políticas públicas en materia de prevención, lo cual, explicó, ayudaría a erradicar este tipo de violencia.

Martha Patricia Tarinda Azuara, magistrada de la Sexta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia la Ciudad de México, urgió a homologar la figura de feminicidios, pues en ocasiones por cuestiones técnicas “las autoridades no podemos ir más allá”.

Subrayó que además de capacitación de los operadores del sistema de justicia, se requiere de colaboración conjunta ante el tamaño de este problema.

La representante de la Unidad de Género de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Mirna Eugenia Acevedo Salas, resaltó la necesidad de establecer directrices mínimas que definan los ejes de trabajo. “Debemos priorizar líneas o hacer grupos de trabajo”.

Pidió “poner sobre la mesa” el requerimiento de mecanismos eficaces de articulación operativa en el ámbito local y revisar lineamientos para facilitar la reparación, que son “son asignaturas pendientes”.

Marina Patricia Jiménez, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de la Cuarta Visitaduría, destacó que se ha luchado durante muchos años por el reconocimiento de los derechos de las mujeres, pero la realidad en el país es lacerante y “vivimos graves violaciones a estos derechos”.

Sostuvo que los resultados no han sido los deseados y el problema de fondo es la impunidad, por lo que se tiene que hacer un cambio de fondo, el cual debe ir de la mano con el marco de la legalidad.

Reiteró su disposición para sumarse a la exigibilidad, coadyuvar y generar propuestas que ayuden a erradicar la impunidad que hay en relación con la situación de delitos diversos que se viven en contra de las mujeres. Reiteró el compromiso de la CNDH por construir de manera colectiva y consideró que una parte sustancial es el trabajo conjunto con las organizaciones civiles, legisladoras y legisladores.

Marisol Aguilar, de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, señaló que la violencia de género es una problemática global que ya tiene consecuencias fatales sociales y económicas. “Para nosotros las estrategias siempre han sido que los marcos jurídicos estén armonizados con los estándares internacionales”.

Mencionó que desde hace más de cinco años han trabajado en temas relativos a la prevención del delito en violencia de género y en la actualidad en el feminicidio. Expresó su disposición para trabajar de manera conjunta y sumarse a esta agenda.

Irma Millán, fiscal del estado de México especializada en feminicidios, aseguró que muchas entidades ocultan las estadísticas sobre este delito para no estar en medios de comunicación. Resaltó que el Código Penal estatal tiene como mínimo de castigo los 40 años y llegan a penas vitalicias.

Enfatizó que este tema no debe ser revisado de manera exclusiva en las fiscalías y los gobiernos de las entidades, porque es un problema de niveles sociales, por lo que es primordial educar a hombres y mujeres ante un fenómeno que viene desde lo familiar.

Patricia Olamendi Torres, representante de la Red Nacional de Seguridad, Justicia y Paz, dijo que es primordial discutir la pertinencia de la Ley General de Feminicidios, porque en la actualidad existen 33 tipos penales de este delito que no coinciden ni en las penas, las cuales van desde los 20 a 30 años.

Apuntó que de existir un Código Penal Único este consejo debe redactar los tipos penales de violencia contra las mujeres y por otro lado, discutir el plan emergente que presentó el gobierno en materia de erradicación a la violencia contra las mujeres.

Teresa Ulloa Ziaurriz, directora Regional para América Latina y el Caribe de la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC por sus siglas en inglés), sentenció que “podemos cambiar las leyes y hacer otras nuevas, pero mientras no haya presupuestos para aplicarlas, de nada sirven”. Lamentó que no hay recursos para las medidas de protección ni para el sustento de refugios.

Propuso que cada año se establezca un fondo nacional contra el feminicidio y cualquier forma de violencia contra las mujeres. Aseguró que los presidentes municipales están en contra de las alertas de género, por lo cual no están dispuestos en aportar.

Érika Salinas Valadez, coordinadora de la Coalición Nacional de Mujeres Rurales, señaló que es fundamental revisar la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, porque la actual es vulnerada en materia de igualdad. “Es necesario voltear a estas regiones, las cuales presentan mayores índices de violencia en contra del sector femenino”.

Mayela García Ramírez, coordinadora de la Red de Investigadoras por la Vida y la Libertad de las Mujeres, indicó que se han construido marcos jurídicos, leyes, normas, reglamentos, protocolos, comisiones, comités y una serie de herramientas; sin embargo, la impunidad es grave en nuestro país. Se pronunció en trabajar para erradicarla en las instituciones del Estado y en la procuración e impartición de justicia.

Wendy Figueroa Morales, de la Red Nacional de Refugios, destacó la importancia de transitar de un plan emergente a una política de Estado que ponga en el centro de la actuación a las mujeres víctimas de género con todos los aspectos de atención, protección y eliminación y sin dejar de ver a las organizaciones de la sociedad civil.

Consideró que no hay forma de avanzar en la eliminación de este flagelo si no se trabaja de manera coordinada con los tres órdenes de gobierno, la academia, sociedad y todos los sectores.