Por: Redacción/

Tras calificar como una “insensatez” tanto la cancelación como la continuación de la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), el diputado Rafael Hernández Soriano consideró necesario revisar todo el proyecto por las múltiples irregularidades, ilegalidades, perjuicios, sobrecostos y omisiones que ya registra, pues tal como va no es ni será útil a la sociedad mexicana, sino a un grupo económico en particular, el llamado “Grupo Atlacomulco”, al cual pertenece el presidente Enrique Peña Nieto.

En conferencia de prensa, el legislador del GPPRD tildó de falso que una revisión del poryecto como la que propone y se requiere vaya a generar desconfianza entre los inversionistas, pues precisamente se trata de lo contrario, es decir, de dar certidumbre sobre un proyecto que al momento está sumido en la opacidad y en la violación de leyes y reglamentos, además de que es incompleto y, por lo tanto, irreal respecto a las necesidades presentes y futuras del país.

Para ilustrar lo anterior señaló que el proyecto se inició sin manifestación de impacto ambiental y, sin embargo, al momento ya generó devastación tanto en el sitio donde se construye la terminal como en los municipios aledaños de donde se extrae material para dar firmeza a sus pistas de despegue y aterrizaje.

Además, 70 por ciento de los contratos se firmaron por adjudicación directa a pesar de que en muchos de ellos se rebasó el límite de costo establecido para que sólo se entregasen a los ganadores de entre oferentes de bienes y servicios luego de un concurso convocado mediante licitación.

Por ello resulta extraño e irregular que la constructora de una de las pistas sea una empresa mexiquense -Coconal- que casualmente compró minas y cerros de tezontle dos años antes de iniciarse la obra. Es decir, la misma constructora monopolizadora del tezontle se lo vende a sobreprecio al Nuevo Aeropuerto con cargo a las finanzas públicas, es decir, a los contribuyentes, lo que sólo pudo lograr mediante tráfico de información.

“Hay aspecto que evidentemente se deben revisar para corregir y modificar lo que sea necesario no sólo para darle confianza a los inversionistas que cumplen la ley, sino sobre todo a las y los millones de mexicanos que son afectados por esta obra y a los millones de usuarios que se supone tendrá dicha terminal aérea”, dijo el presidente de la Comisión Especial de la Cámara de Diputados encargada de darle seguimiento a esta construcción.

Anunció que por tal motivo, integrantes de esta Comisión estarán presentes en el recorrido comprometido por el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, y funcionarios de otras dependencias federales -entre ellas, Grupo Aeroportuario, encargado de la obra- para el miércoles 28 de marzo en municipios afectados por el uso ilegal de explosivos, extracción indiscriminada de material, venta de combustible robado, depredación ambiental, destrucción de sitios arqueológicos y otros perjuicios.

El parlamentario federal perredista insistió en que de ningún modo es deseable la cancelación de este proyecto, como lo propone Andrés Manuel López Obrador, pero tampoco es conveniente para el país seguirlo como va, pues su costo ya pasó de 169 mil millones a casi 260 mil millones de pesos sólo porque muchos de sus insumos están valuados en dólares, ya rebasó el límite de préstamos internacionales autorizados para financiarlo, ha sido hipotecado en garantía por 50 años y podrá serlo hasta por 100, no será inaugurado en 2020 –como se comprometió-, carece de interconectividad con el resto de la zona megapolitana -principalmente la Ciudad de México- y ni de lejos dará servicio a los 70 millones de pasajeros anuales comprometidos porque simple y sencillamente el crecimiento de la economía mexicana no genera una demanda de usuarios semejante.

“En conclusión, hay que revisarlo y corregirlo”, reiteró.