Por: Redacción/
El presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX), magistrado Álvaro Augusto Pérez Juárez, afirmó que el Poder Judicial, como garante permanente de los derechos de la ciudadanía, tiene un inquebrantable compromiso con la seguridad, la paz social y el cumplimiento a cabalidad del estado de derecho.
Al pronunciar un discurso en la Presentación de inmuebles en extinción de dominio para beneficio social, que encabezó el jefe de gobierno de la Ciudad de México, José Ramón Amieva Gálvez, refrendó que el Poder Judicial se suma a todo proyecto e iniciativa que esté a favor de los ciudadanos.
Recordó que la extinción de dominio es un concepto jurídico que busca la pérdida de la propiedad o posesión de los bienes que se utilicen como instrumento, objeto o producto de actividades de la delincuencia organizada, secuestro, robo de vehículos o la trata de personas, y cuya promulgación en la capital fue de vanguardia en el país.
El también presidente del Consejo de la Judicatura capitalino explicó, además, que la extinción de dominio es autónoma y distinta e independiente de cualquier otra de na-turaleza penal que se hayan iniciado simultáneamente.
“La finalidad toral es beneficiar a la ciudadanía, brindándole espacios para la sana convivencia que antes eran utilizados por la delincuencia organizada”, destacó el ma-gistrado.
En el auditorio Carlos Franco Sodi de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, acto al que acudió el titular de esa dependencia, Edmundo Garrido Osorio, Pérez Juárez abundó que la extinción de dominio es una figura novedosa que facilita llevar a cabo este procedimiento con toda certeza, dando seguridad a las partes.
“Se trata de una estrategia valiente y eficaz del Gobierno de la Ciudad de México para combatir al crimen y a la delincuencia con firmeza y solidez”, subrayó.
En el acto estuvieron los funcionarios del gobierno capitalino Guillermo Orozco Loreto, secretario de gobierno; Jorge Silva Morales, oficial mayor; Merlene Valle Cuadras, directora general de Patrimonio Inmobiliario, y Raúl Peralta Alvarado, jefe general de la Policía de Investigación
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