Por: Redacción/

Al iniciar los trabajos del “Parlamento Abierto sobre el Análisis del Paquete Económico 2020”, la presidenta de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, diputada Patricia Terrazas Baca (PAN), afirmó que tiene como objetivo conocer las propuestas de los sectores involucrados.

La legisladora precisó que las reuniones se desarrollarán a partir de hoy 2 al martes 8 de octubre, en las cuales se prevé la asistencia de funcionarios, especialistas, académicos, gobernadores y alcaldes.

Detalló que se tratarán los siguientes temas: régimen fiscal de Petróleos Mexicanos; los impuestos al Valor Agregado, Sobre la Renta y Especial sobre Producción y Servicios. Además, las leyes federales de Derechos, de Coordinación Fiscal y de Ingresos, y el Código Fiscal de la Federación.

Estimó que esta reunión sienta un gran precedente, porque abrimos la puerta a los distintos sectores y al público en general para que participen en el análisis del Paquete Económico 2020. “Queremos tener las opiniones y aportaciones de los distintos sectores con el propósito de nutrir el trabajo de la comisión”, refirió.

El presidente de la Comisión de Energía, diputado Manuel Rodríguez González (Morena), señaló que la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos tiene como objetivo contribuir y romper el círculo vicioso en el que está la empresa Petróleos Mexicanos.

Esta medida, continuó, consiste en reformar el artículo 39 de esta ley, con el objetivo que la tasa por derecho de utilidad compartida pase de 65 por ciento, de conformidad con la legislación vigente a 58 por ciento en el ejercicio fiscal 2020 y 54 por ciento para el 2021.

Enfatizó que estas acciones reducirán la carga fiscal a Pemex, lo cual representará un beneficio de 168 mil 700 millones de pesos durante el periodo 2019-2021, lo que fortalecerá su posición financiera y definir los proyectos que le permitan recuperar la capacidad productiva.

Además, se liberarán recursos para la inversión en exploración y extracción y reponer las reservas petroleras e impulsar la producción. La aplicación gradual de esta medida logrará crear los espacios fiscales para mantener las finanzas públicas sanas.

El diputado Benjamín Huerta Corona (Morena) sostuvo que es difícil que exista una política de justicia social en México cuando hay más de 53 millones de pobres y dos millones en extrema pobreza. Preguntó qué debe hacerse en beneficio de los que menos tienen.

De la misma bancada, el diputado Daniel Gutiérrez (Morena), reconoció que el país depende de la política de las empresas trasnacionales. “En este 2019 yo no veo la participación del capital privado moviendo la economía de nuestro México”, por lo que interrogó si es conveniente financiar el aumento del gasto, ¿con mayor deuda o con mayor impuesto?”

El coordinador del PT, diputado Reginaldo Sandoval, solicitó a los especialistas explicar cómo se puede financiar el desarrollo y de dónde se consiguen más recursos.

De Morena, el diputado Marco Antonio Medina Pérez, sostuvo que con la reorientación del gasto se debe incrementar la demanda. ¿De qué manera se puede aumentar y qué mecanismos presupuestales son factibles de aplicar, si tenemos el acotamiento de la deuda y no aumentar impuestos?, inquirió. La recomposición de recursos tiene que dirigirse a actividades productivas que eviten y recuperen el monto de dispendios, despilfarros y privilegios. Estimó que hay una disminución del gasto corriente de 700 mil millones de pesos de 2018 al presente año.

Su correligionario, Manuel Gómez Ventura, solicitó conocer las estrategias o incentivos que se establecerán para evitar la evasión de impuestos, porque desde 2000 se implantaron varias acciones que no lograron frenarla. Destacó que a las micro y mediana empresas se les castiga sino pagan; sin embargo, los grandes consorcios reciben condonaciones a través de mecanismos de devolución del IVA e ISR. Pidió definir las estrategias de forma conjunta entre diputados, ciudadanos y funcionarios para encontrar la forma que evite la evasión tributaria.

El diputado Marco Antonio Andrade Zavala (Morena) apuntó que las finanzas públicas están muy presionadas, debido a las pensiones con un billón 103 mil 758 pesos comprometidos y el pago de la deuda pública para el próximo año, de 800 mil millones de pesos. “Tenemos muy acotado el presupuesto y con el no aumento de impuestos, tenemos que captar mayor inversión privada y pública, porque no hay mucho margen hacia dónde canalizar todo lo que debe hacer el gobierno federal”.

El también diputado de Morena, Agustín García Rubio solicitó conocer si se tiene un modelo matemático que permita analizar cuáles serían los resultados de la política económica que se propone, y ¿cuál sería la estrategia para lograr el desarrollo económico en el momento en que se encuentra el país para estimular la demanda. Consideró que se tiene una situación compleja desde la perspectiva de la economía de mercado por el grado de incertidumbre.

En su turno, el académico de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Arturo Prócoro Huerta González, expuso que la política fiscal necesita estar en función de la economía nacional; es decir, no debe evaluarse respecto de su disciplina fiscal o su razón de endeudamiento, sino por su impacto sobre la garantía económica.

Agregó que si la economía tiene un sentido externo adverso, la política fiscal tiene que estar encaminada a disminuir el déficit e incrementar la productividad para apuntalar la dinámica de la economía.

Afirmó que es insostenible seguir con una política fiscal que tiene privilegios, cuando el sector externo y privado no pueden ser motor de crecimiento.

“El gobierno, en su afán de disminuir su deuda y controlar el gasto, ha endeudado al sector privado, con ello la disminución de la actividad económica, lo cual genera menos recaudación; es decir, se reduce el crecimiento potencial de la economía”.

Aplaudió la política social del actual gobierno. Sin embargo, dijo que el combate a la pobreza se genera por medio del empleo formal, bien remunerado y con incremento a los salarios.

Indicó que en Pemex y CFE el gobierno no necesita deuda para invertir, pues son sectores estratégicos, altamente rentables y ahorradores de divisas.

“Decir austeridad fiscal y no deuda, es apostar al estancamiento y a la recesión, y allá vamos este año y muchos más”. Destacó que es necesario emitir deuda para financiarse y “asegurar que la inversión va a incrementar el ingreso nacional y la recaudación, de manera que crezca más que la tasa de interés a la que colocará su deuda para poder pagarla”.

Dijo que en otros gobiernos se permitió la elusión y evasión fiscal y por eso la recaudación es baja, pero hay que incrementarla y para ello se requiere aumentar el ingreso de empresas e individuos. “Nadie puede pagar deuda en contexto de estancamiento. Apuesten por un gasto deficitario en favor de lo productivo”, sugirió.

José Antonio Oloarte Atanasio, consultor de negocios, explicó ante los diputados que en materia tributaria en las recientes y próximas reformas a las leyes sólo se contempla sancionar conductas delictivas y dolosas de los contribuyentes, o bien corregir errores en la aplicación de las mismas con el propósito de impulsar la recaudación de los impuestos.

No obstante, apuntó, no se generan medidas que motiven a los contribuyentes a modificar sus conductas tributarias en aras de cumplir en lo más ético posible con el pago de impuestos.

Consideró que mientras las leyes en materia tributaria se modifiquen por especialistas en el cálculo, se atiendan sólo procedimientos y formas de liquidación y no se corrijan los efectos colaterales que producen las sanciones, difícilmente se logrará crear una cultura de pago de impuestos que permitan la sana convivencia entre gobernados y gobernantes sin el temor y desconfianza que hoy impera entre ambos.

Solicitó a los diputados que al momento de legislar sobre una reforma fiscal no sólo piensen en cálculos de impuestos y sanciones, sino en las personas que van a pagar y en que los recursos públicos son para satisfacer las necesidades.

Planteó dar facilidades al contribuyente para que de manera voluntaria cambie su conducta, tomando un beneficio económico fiscal; dar un voto de confianza y reducir tiempos de trámites; si hay devoluciones, tengo un código de integridad. La idea es que el cumplimiento de impuestos sea fácil y con estímulos. “Se ha promovido industria con estímulos fiscales, ¿por qué no promover la integridad empresarial como un negocio?