Por: Redacción/

La Comisión de Economía, que preside el diputado Jorge Enrique Dávila Flores (PRI), inició el análisis de la iniciativa de Ley General de Mejora Regulatoria, que tiene por objeto establecer principios y bases a los que deberán sujetarse los órdenes de gobierno en el ámbito de sus respectivas competencias en la materia.

El nuevo ordenamiento es “muy importante porque contribuirá a mejorar la actividad de personas físicas y morales”, pues al disminuir el número de trámites, las empresas tendrán una operación más ágil, menos costosa”.

Además, busca que los ciudadanos conozcan el Catálogo Nacional de Trámites y el de Inspectores para que sepan a quién darle información y a quién no.

Durante una reunión con el abogado general de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer), José Manuel Pliego, el legislador Dávila Flores indicó que “podemos ser ambiciosos, y establecer que la autoridad que proponga un trámite nuevo, elija tres que se eliminen, para que al actualizarse, disminuyan”.

Se prevé que la Comisión sesione en enero para votar la iniciativa enviada por el Ejecutivo, en febrero discutirla en el Pleno y posteriormente enviarla al Senado.

El diputado Juan Antonio Ixtlahuac Orihuela (PRI), secretario de la Comisión, precisó que la mejora regulatoria incluye la simplificación, “pero veo que hay un Sistema, un Consejo, un Observatorio, una Comisión… y creo que ahí le podemos quitar algunas cosas para que sea más sencillo y atender el tema de la mejora regulatoria”.

Refirió que es necesario reunirse con académicos, cámaras, Poderes e instituciones para dialogar y revisar el tema, “pero podemos simplificar más estos órganos para tener la agilidad de mejores programas y que la Cofemer siga una política de simplificación”.

En su turno, el diputado Alfredo Miguel Herrera Deras (PAN) cuestionó sobre cuántos trámites, de los 150 mil que hay actualmente, podrían disminuir.

La idea siempre ha sido reducir trámites, “pero en lugar de eso se engordan y se van haciendo más. Ojalá la nueva ley pueda llegar a esa posibilidad y que los gobernantes en turno no los hagan más engorrosos, sino que sean más sencillos los trámites para abrir un negocio”.

El diputado Miguel Ángel González Salum (PRI) consideró conveniente iniciar la discusión de esta iniciativa, pues fortalecerá la eficiencia operativa del sector público. Destacó la importancia de contar con instrumentos de medición del mejoramiento de las regulaciones, trámites e impacto de la simplificación en los costos para los ciudadanos, e incluso para las dependencias públicas.

José Manuel Pliego expresó que la iniciativa ayudará a las instancias a hacer más viable y asequible una verdadera simplificación “y no que al término de la administración haya más de los que había cuando llegó”.

Mencionó que México tiene reconocimiento internacional por la implementación de instrumentos que garantizan la calidad de la regulación a nivel federal, pero aún hay importantes retos y oportunidades en los estados y municipios.

El abogado general de la COFEMER, consideró que existe un complejo sistema de mejora regulatoria, con más de 150 mil regulaciones vigentes y casi 130 mil trámites en todo el país. “Es un cálculo, no es preciso, y además no se puede acceder a la regulación en su totalidad”.

Respecto a las instancias de gobierno y Poderes, “cada quién ha hecho las cosas a su mejor saber y entender” y ha provocado que en estados y municipios, el cumplimiento y entendimiento de la emisión de regulación “sea notoriamente deficiente y genere una problemática al empresario”.

En muchas ocasiones, abundó, se emite una regulación de impacto municipal, pero al mismo existe la estatal y también hay que cumplir con la federal, y “no hay un sitio que diga cuál es y cómo hay que cumplir. Esto deja dos escenarios: o son empresas con ejércitos de gestores para la problemática regulatoria y de tramitología, o son emprendedores que optan por la informalidad”.

El proyecto de la Ley General de Mejora Regulatoria busca resolver esta situación y establecer la coordinación e integración entre autoridades y entidades, para que tengan un espacio de diálogo y atiendan esta problemática.

El nuevo ordenamiento se compone de 93 artículos en cuatro títulos, 15 capítulos y siete secciones, además de 12 artículos transitorios, y establece la obligación de las autoridades de los tres órdenes de gobierno de implementar políticas públicas para perfeccionar las regulaciones y simplificar trámites y servicios.

Entre otras cosas, estipula la creación del Sistema Nacional de Mejora Regulatoria, que servirá para coordinar a las autoridades de los tres órdenes de gobierno, a través de la Estrategia Nacional de Mejora Regulatoria, normas, principios, objetivos, planes, directrices, órganos e instancias, procedimientos y la política nacional en materia de mejora regulatoria.