Por: Redacción

La Comisión Especial de Movilidad inició encuentros con especialistas en seguridad vial del gobierno, la sociedad civil y del ámbito internacional, con la finalidad de conocer experiencias y poder construir una Ley General de Seguridad Vial.

El diputado Jonadab Martínez García (Movimiento Ciudadano) destacó que esta comisión especial, que preside, tiene bajo su responsabilidad la redacción, análisis, estudio, investigación, consenso y socialización de este proyecto, el cual podría estar listo para el siguiente periodo ordinario.

Resaltó que la ley que se redacta, se prevé homologar los criterios para expedir licencias de conducir, pues “lamentablemente en algún estado solamente vas, pagas y te la dan; en otros, a lo mejor piden una identificación, y en unos más tienen un protocolo más estricto”.

Martínez García lamentó que el país apenas busca crear la Agencia Nacional de Seguridad Vial; en 2010 “firmó un decenio por la seguridad vial y no hemos cumplido con ese compromiso ante la ONU”.

Aseguró que la Cámara de Diputados trabaja de manera conjunta con 0020 el Poder Ejecutivo, sociedad civil y empresas e industrias, para legislar a favor de la seguridad vial, con el propósito de cumplir con la estrategia nacional en esta materia, derivada del decenio que muchos países de Latinoamérica firmaron y “no hemos cumplido”.

David Gerson García Calderón, diputado del PRD y secretario de la comisión especial, resaltó que es necesario legislar en movilidad. “Nos hace falta avanzar en este tópico. Además, es un derecho humano que se debe garantizar a través de leyes eficaces, eficientes y acordes a la realidad”.

El secretario de la misma instancia, diputado Ricardo del Rivero Martínez (PAN), advirtió que de no ordenar y legislar la movilidad, continuará la pérdida de vidas humanas. “Estamos en buen momento para dar importancia al tema y otorgar calidad de vida a la ciudadanía”.

Por el PRI, la diputada Lillian Zepahua García expuso que las experiencias de especialistas internacionales en seguridad vial, enriquecerá el proyecto de esta comisión de diputados.

Verónica Delgadillo García, de Movimiento Ciudadano, se pronunció por convertir a la movilidad en un derecho humano donde se reconozcan otras garantías fundamentales. “Necesitamos entender este tema de forma más profunda de lo que se debate actualmente”.

La diputada del PAN, Luz Argelia Paniagua Figueroa, consideró importantes para el país los asuntos de seguridad vial y movilidad.

De Movimiento Ciudadano, Mirza Flores Gómez señaló que el fenómeno vial no sólo debe preocupar sino ocupar a los legisladores, y recordó que su grupo parlamentario ha pugnado por “amigarnos con el medio ambiente y ordenar a las ciudades”.

Los representantes del gobierno y de la Agencia Nacional de Seguridad Vial de Colombia, Maura Chuy y Juan Camilo, sugirieron a México que en el momento de construir vialidades y desarrollos de infraestructura, se considere a las bicicletas.

Plantearon emprender hábitos saludables en seguridad vial, como enseñar a comportarse en la vía pública o a usar una bicicleta y el sistema de transporte público, así como instruirlos a manejar un auto, a través de exámenes rigurosos, con la finalidad de conocer dónde está el “punto ciego” del vehículo.

La agencia colombiana, explicaron, se creó por los altos índices de mortalidad vial, y se impulsaron convenios con los municipios. Precisó que sus finanzas se sostienen con el 3 por cierto del seguro obligatorio que los usuarios de vehículos deben comprar.

En 2016 hubo cerca de siete mil muertes por accidentes viales en Colombia, de los cuales el 50 por ciento fue de motocicletas y, en la mitad de estos, hubo atropellamiento de peatones. Por ello, recomendaron poner controles al uso de las motos, ya que en su país el problema es complejo de resolver y ahora “estamos enseñando cómo usarla”.

Los especialistas colombianos propusieron una homogeneidad en tránsito e infracciones al conductor y no al automóvil; obligar a que los vehículos cumplan con las recomendaciones ambientales, y considerar el término de conductores infractores reincidentes, a fin de retirarles su licencia cuando incumplan la reglamentación.