Por: Redacción

“Más allá de lo que diga la SFP, es evidente que hubo intercambio de favores entre el Presidente de la República, el Secretario de Hacienda y Grupo HIGA, lo que genera indignación ciudadana, más aún porque no tendrá ninguna consecuencia”, enfatizó la senadora Laura Angélica Rojas Hernández.

Dijo que la Contraloría del Estado de México tenía que haber iniciado una investigación porque cuando se firma el contrato por parte de la esposa del presidente, éste, si bien aún no era el titular del Ejecutivo, había concluido su encargo como gobernador de la entidad

“Era ingenuo esperar que el Secretario de la Función Pública (SFP) fincara responsabilidad alguna a su propio jefe, el presidente Enrique Peña Nieto, a quien exoneró de un presunto conflicto de intereses por la adquisición de la ‘Casa Blanca’.

“El resultado de la investigación lamentablemente no sorprende a nadie. No podía esperarse una sanción con el modelo institucional y las leyes actuales, pero sobre todo por la falta de voluntad política real de este gobierno de combatir una corrupción a la que ellos mismos han contribuido.

“Más allá de lo que diga la Secretaría de la Función Pública, es evidente que hubo intercambio de favores entre el Presidente de la República, el Secretario de Hacienda y Grupo HIGA, lo que genera indignación ciudadana, más aún porque no tendrá ninguna consecuencia. Esto es lo que busca cambiar el Sistema Nacional Anticorrupción, que será prioridad del PAN en el siguiente periodo de sesiones”, enfatizó la integrante de la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana.

Rojas Hernández cuestionó que la investigación se haya limitado a identificar si hubo el conflicto de intereses y que, desde un principio, se le excluyera de encontrarle responsable administrativa o penalmente por otros actos de corrupción como el soborno en el ámbito federal, pero también en su actuar como gobernador del Estado de México.

Además, la Contraloría del Estado de México tenía que haber iniciado una investigación porque cuando se firma el contrato por parte de la esposa del presidente, éste, si bien aún no era el titular del Ejecutivo, había concluido su encargo como gobernador de la entidad.

Cabe resaltar que la legisladora de Acción Nacional presentó, el 2 de diciembre del año pasado, un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de la Contraloría del Estado de México a investigar y, en su caso, sancionar la probable infracción a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, por la celebración del contrato de compraventa entre la compradora, Angélica Rivera Hurtado, cónyuge del entonces gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto (septiembre de 2005 a septiembre de 2011), y la parte vendedora Grupo Higa, sobre una residencia en la Ciudad de México.

Rojas Hernández expuso que el anuncio del titular la SFP respalda la tesis de que la corrupción se ha institucionalizado y evolucionado a tal grado, que las instituciones y leyes actuales han quedado rebasadas, por lo que consideró urgente la aprobación de las leyes que desarrollarán el Sistema Nacional Anticorrupción para que éste empiece a funcionar de manera plena.

Actualmente, añadió la legisladora de Acción Nacional, las leyes de responsabilidades administrativas de los servidores públicos, que en su mayoría se caracterizan por un redacción similar por su rigidez, han quedado desfasadas de las nuevas maneras de desfalco al dinero de los ciudadanos, a cambio de beneficios privados, y hacen muy complicado poder fincar una responsabilidad cuando los actos o conductas de corrupción no son tan burdas.

Informó que con la nueva Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción impulsada por su partido, se evitará la impunidad que mina la confianza de los ciudadanos en la democracia, ya que propone crear sistemas de información sobre declaraciones patrimoniales, de intereses, de servidores públicos sancionados con información conjunta del orden federal, local y municipal, a fin de que sea más fácil prevenir, monitorear y probar posibles actos de corrupción de los servidores públicos.

Además, la senadora Laura Angélica Rojas Hernández anunció que impulsará la creación de una Comisión Investigadora para que se determinen las posibles responsabilidades de todos los actos de corrupción en los que se ha incurrido en la contratación de empresas como OHL, que ha inflado los precios de las obras y elevado los costos de peajes que controlará por las próximas décadas de obras como el Viaducto Bicentenario y el Circuito Exterior Mexiquense, ambas del Estado de México.