Por: Vicente Flores Hernández
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebró su 156º Período ordinario de Sesiones del 17 al 28 de octubre de 2015, periodo en el cual la Comisión avanzó en el análisis de peticiones, casos y medidas cautelares, se realizaron 55 audiencias públicas, 36 reuniones de trabajo, y reuniones con Estados y organizaciones de la sociedad civil de la región, publicando el informe de actividades en su totalidad el 24 de diciembre de 2015.
En las audiencias públicas se recibió información sobre casos en etapa de fondo, así como diversas temáticas de derechos humanos en 20 países y a nivel regional.
Durante estas sesiones, la CIDH extendió el mandato del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) hasta el 30 de abril de 2016.
Las audiencias y los informes reflejan algunos de los problemas estructurales en materia de derechos humanos que aún persisten en la región.
En cuanto la situación de derechos humanos que existe en México, destacaron el caso Ayotzinapa, así como cuestiones de la legalización de la marihuana, los casos de denuncias acerca de ejecuciones extrajudiciales en el país y el caso Acteal, a casi dos décadas de haber ocurrido, y en el cual aún persiste impunidad y poco esclarecimiento por parte de las autoridades.
A 18 años de Acteal
Durante 2015 se llevó a cabo la audiencia sobre el caso 12.790, iniciado por Manuel Santiz Culebra y otros, dados los hechos ocurridos en Acteal en 1997, durante la cual los peticionarios presentaron un peritaje psicosocial elaborado por Carlos Martín Beristain, el cual describe los antecedentes y contexto de la masacre de Acteal, así como algunos elementos que permiten entender los impactos psicosociales que habría tenido la alegada situación de impunidad de los hechos.
Indicaron que los hechos fueron perpetrados por el grupo paramilitar de Chenalhó y que el nivel de ensañamiento de los asesinatos durante la masacre generó un terror ejemplificante para las y los sobrevivientes que ha tenido un grave impacto en su salud. Por su parte, el Estado reconoció que fue incapaz de prevenir estos hechos y de reaccionar adecuadamente en su momento. No obstante, subrayó que en los mismos no intervinieron agentes estatales y que la masacre fue el resultado de riñas comunitarias. Asimismo, indicó que desde lo ocurrido ha puesto en marcha procesos e investigaciones penales que culminaron en condenas penales a los responsables de dicha masacre. Indicó que algunos responsables fueron liberados a raíz de procesos seguidos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo cual ha generado que las víctimas no encuentren satisfacción, y si bien no puede juzgárseles de nuevo por el principio non bis in ídem (en español, no dos veces por lo mismo), se encuentran abiertos a otras alternativas para satisfacer la demanda de las víctimas, mediante la búsqueda de una solución amistosa. Por su parte, los peticionarios rechazaron la posibilidad de una solución amistosa y solicitaron a la Comisión emitir el informe de fondo.
Caso Ayotzinapa
En la Audiencia solicitada de oficio por la CIDH, en la que participaron el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, los representantes de las víctimas y el Estado mexicano, el GIEI expuso los resultados principales de su informe “Investigación y primeras conclusiones de las desapariciones y homicidios de los normalistas de Ayotzinapa”, realizado en el marco de la Asistencia Técnica brindada al Estado.
simdio lectura a los compromisos incluidos en un acuerdo firmado con el Estado mexicano donde se estableció un acuerdo con la Procuraduría General de la República (PGR) de realizar un nuevo estudio sobre la dinámica del fuego del basurero de Cocula en el marco de la asistencia que fue entregado al pleno de la CIDH. Por su parte, los peticionarios indicaron que aunque se ha intentado presentar el caso Ayotzinapa como algo excepcional, a pesar de que en el país hay más de 23 mil personas desaparecidas.
Indicaron que el GIEI – como mecanismo de supervisión internacional – podría ser un punto de inflexión y no retorno. Eso será posible sólo si el Estado mexicano asegura la voluntad política suficiente para complementar las recomendaciones hasta ahora formuladas en el informe de conclusiones preliminares del GIEI. Solicitaron a la CIDH extender el mandato del GIEI para que continúe con su trabajo en México.
El Estado expuso los avances en la investigación, así como la adopción de algunas de las medidas recomendadas en el informe del GIEI. La CIDH reconoció la importante labor del GIEI en el caso y preguntó a los representantes del Estado si el GIEI iba a poder interrogar a los militares del 27 Batallón de Infantería del Ejército, que tiene sede en Iguala. Los miembros del GIEI indicaron que estas entrevistas deben realizarse directamente y no por intermediación de la PGR ni ningún otro organismo. Las autoridades del Estado respondieron que el GIEI puede entrevistar a los miembros del 27 Batallón de Infantería conforme a las disposiciones del ordenamiento jurídico interno. Los Comisionados y las Comisionadas insistieron en la necesidad y la importancia de que el GIEI pueda entrevistar a los miembros del 27 Batallón de Infantería de Iguala en los términos que sus miembros plantean.
Derechos humanos y políticas de drogas en México
Los solicitantes expusieron la estrategia de combate a las drogas a lo largo del territorio nacional como parte de una política emprendida desde 2006 durante el mandato de Felipe Calderón que continúa en la administración actual. Abordaron que bajo esta estrategia se habrían cometido violaciones a los derechos humanos por parte de diferentes elementos de seguridad del Estado en sus distintos niveles, entre las que señalaron detenciones arbitrarias, tortura, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y desplazamientos internos forzosos a causa de la violencia. Asimismo abordaron cómo las políticas de drogas afectan de manera diferenciada a algunos grupos en particular situación de vulnerabilidad. El Estado rechazó los señalamientos de los solicitantes, e indicó que en algunos casos de enfrentamientos armados en los que podrían haberse cometido excesos, éstos se encuentran siendo debidamente investigados y procesados. La CIDH planteó al Estado la posibilidad de abrir el debate sobre la política de drogas vigente con la participación de la sociedad civil.
Denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales en México
Los solicitantes de la audiencia expusieron situaciones en las que las fuerzas de seguridad ejecutarían a civiles para posteriormente presentarlos como delincuentes que murieron en enfrentamientos. Como ejemplo abordaron el índice de letalidad que mostraría que alrededor de 20 civiles fallece por cada elemento del Estado en enfrentamientos.
Señalaron asimismo una serie de factores estructurales que fomentarían esta práctica como el presunto encubrimiento, prácticas inadecuadas de investigación, la militarización de la seguridad pública y la presencia sistémica de impunidad. El Estado por su parte afirmó que en México las fuerzas federales operan con base en protocolos, las causas penales se resuelven conforme a derecho y la población confía en las fuerzas armadas según algunas encuestas. Reconoció también la gravedad de lo sucedido en Tlatlaya, Apatzingán, Tanhuato, Calera y Ostula, afirmando que estos casos están siendo investigados por las autoridades competentes. La Comisión llamó la atención de la participación de las fuerzas armadas en labores de seguridad ciudadana para las cuales no están capacitadas y que correspoderían a la policía. También expresó su preocupación ante el alto índice de letalidad de las fuerzas armadas en el país.
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