Por: Redacción/

La coordinadora del Grupo Parlamentario del PRD, Verónica Juárez Piña, acusó que según lo que se desprende de la tercera entrega correspondiente al Informe de Fiscalización de la Cuenta Pública para 2019, el primer año de gobierno de López Obrador se caracterizó por el despilfarro, la opacidad y el clientelismo.

En un comunicado, precisó que, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación ( ASF), se detectaron irregularidades en el gasto por 67 mil 498.4 millones de pesos.

Indicó que de manera particular se encontraron anomalías en las dependencias que operan la mayor parte de los programas sociales que ha puesto en marcha este gobierno. En la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, por 4 mil 576.0 millones de pesos, y en la de Bienestar con 3 mil 392 millones de pesos.

Indicó que hay señalamientos importantes sobre la calidad y transparencia de los Principales Programas Sociales, como por ejemplo con relación al Programa de Jóvenes Construyendo el Futuro.

Respecto al Tren Maya, la ASF detectó que, en 2019, ni Fonatur Tren Maya (FTM) acreditaron contar con un proyecto ejecutivo ni un modelo financiero con el fin de identificar el esquema de financiamiento y las posibles obras y servicios por contratar para el Proyecto Tren Maya.

Estas observaciones, agregó, “se suman a las de entregas anteriores donde ya se habían detectado irregularidades en el Sector Salud y en la CFE y Pemex”.

Alertó que, según la ASF, “la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco, Estado de México, costará al menos 331 mil 996 millones 517 mil pesos, lo que representa un incremento de 231% respecto a lo estimado por el Gobierno federal, y el 25% del incremento de la deuda del país durante el 2020”.

El gobierno había considerado una estimación de 100 mil millones de pesos ya que la dependencia consideró sólo la inversión ejecutada y el valor de la terminación anticipada de los contratos, pero no incluyó las implicaciones derivadas del esquema de financiamiento definido para la construcción, ni los costos legales involucrados.

“Cabe señalar que de los 331 mil 996 millones de pesos que costó la cancelación del NAIM, poco más de 163 mil millones de pesos son gastos relacionados con la terminación anticipada de los contratos y gastos legales”, resaltó Juárez Piña.

“Pero el costo aumentará durante los próximos años ya que el país gastará al menos otros 168 mil millones de pesos debido a que se encontró que está pendiente la liquidación del 70% del valor de los bonos emitidos para financiar el proyecto y sobre los cuales se deberán pagar comisiones e intereses generados por los bonos en circulación y pendientes de recompra”, alertó.

“El costo de cancelación del NAIM es un fuerte daño patrimonial a las finanzas públicas al representar 1.3% del Producto Interno Bruto, significa al menos la mitad del déficit público para 2021, y el 25% del incremento de la deuda pública en 2020”, denunció.

Juárez Piña advirtió que “es evidente que el despilfarro, la opacidad el clientelismo del primer año será la característica de todo el gobierno de López Obrador, pues lo que denuncia la ASF sigue imperando y se está acentuando ante las próximas elecciones, particularmente con el uso electoral de los programas sociales y la campaña de vacunación”.