Por: Redacción

La diputada Cecilia Soto González (PRD), presidenta de la Comisión del Distrito Federal, destacó la voluntad de los legisladores para participar activamente en la definición de medidas que coadyuven a mejorar la calidad del aire y proteger el medio ambiente, mediante la definición del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017.

Propuso “examinar con lupa los recursos para la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y evaluar si hay dinero suficiente para los equipos técnicos que se requieren para determinar contaminantes”.

Durante una reunión de trabajo con Adrián Fernández Bremauntz, presidente de la asociación civil Iniciativa Climática de México, diputados de las comisiones del Distrito Federal y de Medio Ambiente y Recursos Naturales urgieron a las autoridades federal y locales a ofrecer información clara y sencilla a los ciudadanos sobre los detalles de la nueva norma de verificación vehicular emergente, y de los niveles de emisiones de los vehículos, ya que es un derecho que debe cumplirse.

Soto González preguntó si los sensores remotos, que se instalarán en diversas arterias capitalinas, “no funcionarían para multar, sino para construir la base de datos de los automotores que contaminan más y confrontar la información con los verificentros que hayan dado indebidamente una calcomanía”.

A nombre del PAN, el diputado Santiago Torreblanca Engell apuntó que debe tenerse mucho cuidado para definir los criterios en que se basará la verificación contaminante de automotores, a fin de que “el criterio sea objetivo y no se base en el año-modelo”.

Refirió que muchos vehículos compactos de diversas armadoras, que se venden actualmente en las agencias, son ya obsoletos por su tecnología, rezagada por 20 años. “Es como comprar un coche viejo, sin rodar, mientras el margen de ganancia de las compañías es muy elevado porque está amortizada la inversión y truquean la información sobre el software OBD2, para no reflejar contaminantes”.

Planteó la falta de capacidad del gobierno para vigilar el cumplimiento de las armadoras con las normas tecnológicas que eviten mayor contaminación. Se pronunció por incentivos fiscales para que los consumidores adquieran “vehículos limpios”.

José Bernardo Quezada Salas (Nueva Alianza) mencionó la corrupción que prevalece en los verificentros, con la falta de regulación en el Estado de México, sin ser excepción la capital del país.

Propuso buscar la forma para que, de una vez por todas, las concesiones de verificentros cumplan ciertos requisitos, ya que “muchas se abrieron de manera irresponsable por el cuatismo y compadrazgo y, sobre todo, para ayudarle a un amigo en un business”.

Dijo que “hoy no podemos seguir cargando con la responsabilidad de que a cualquier gente, sin saber su compromiso, le entré a este negocio. Que no sea un tema de sexenio o trienio que se dé a los amigos, porque (los verificentros) nacen, crecen y desaparecen, para cambiar sólo de razón social y aparecer en otro lugar”.

Por el PRD, el diputado Fernando Rubio Quiroz sostuvo que la norma de verificación emergente que entrará en vigor a partir de julio próximo, “beneficia más al sector automotriz, el cual también participó en su definición. Sería muy importante deslindar a la industria, porque esta medida tiene que ver con una política pública de calidad del aire, no con una política de una empresa o rama productiva”.

Consideró conveniente que los nuevos sistemas de evaluación se apliquen hasta el primer semestre del 2017, debido a que en el segundo semestre del presente año, los precursores de ozono y la temperatura bajan la emisión de ese gas, con lo que a final del 2016 la norma ambiental va a funcionar porque las condiciones del aire ayudarán para lograrlo. Sin embargo, puntualizó, el resultado real de la nueva norma se obtendrá en el primer semestre del año entrante, por las altas temperaturas.

Urgió a que se ofrezca información clara y sencilla a los ciudadanos sobre la nueva norma de verificación vehicular emergente. Cuestionó el rezago normativo y urgió a actualizar la medida.

La diputada del PRI, María De La Paz Quiñones Cornejo, preguntó sobre los autobuses Euro 5 y 6 respecto a la emisión de partículas, que adquirió el gobierno capitalino.

A nombre del PVEM, la legisladora Sharon Cuenca Ayala se interesó por conocer la definición de otras medidas que se pueden implementar, aparte de la nueva norma de verificación para mejorar la calidad del aire y disminuir la contaminación.

Adrián Fernández Bremauntz, presidente de la asociación civil Iniciativa Climática de México, indicó que la nueva norma de verificación vehicular emergente tendrá límites más estrictos de emisión de contaminantes.

Se incorporará la lectura del OBD2, relativa a un diagnóstico a bordo, con una toma de medición de la computadora del vehículo, incorporada a partir de los modelos 2006; persistirá la acostumbrada prueba dinámica en rodillos, y habrá sensores remotos en las vías de tránsito.

En materia de combustibles, afirmó que urgen dos cosas: primero, asegurar que México tiene capacidad analítica para verificar la calidad de los combustibles que importa y evaluar lo que entregan las refinerías del país.

Segundo, tener los laboratorios para analizar los vehículos de todas las armadoras que ingresan al mercado mexicano o que los fabrican aquí, y “no seguir permitiendo que vendan tecnologías obsoletas”. Con eso, prosiguió, se evitaría seguir protegiendo nichos de mercado de las compañías, además de que tendrían la obligación de dar a conocer el rendimiento de kilometraje por de cada litro de gasolina, como ocurría hace 15 años y que se dejó de hacer.

Explicó que se debió tener desde hace cinco años, en toda la nación, diésel con bajo contenido de azufre; sin embargo, no se ha cumplido esa exigencia, pese a que se hizo por etapas en las zonas metropolitanas y fronterizas, cuando “es una obligación, a través de una norma federal. Se negoció hace 15 años con Pemex y la Secretaría de Energía, pero no se cumple”.

Aseguró que se condenó a México a la obsolescencia tecnológica con el ingreso de camiones de carga y autobuses de pasajeros con más de una década de retraso, porque hace 20 años, a nivel internacional, se desarrollaron nuevos motores y equipo de control de emisiones, considerando que se requerían combustibles más limpios.

Sostuvo que todavía no podemos comprar diésel con menor azufre, porque no está disponible. “Ese es uno de los crímenes ambientales más grandes que hemos hecho”, por la dilación en los ajustes tecnológicos, subrayó.

La calidad de combustibles, dijo, no radica en lo que se importa, sino en lo que se produce en el país, porque la norma para producir gasolina es “más laxa” que la internacional. Se permite un contenido de azufre de 30 a 80 partes por millón promedio, cuando en otras partes del mundo se autoriza máximo 15 partes por millón. Ambas gasolinas de mezclan, y eso no permite cumplir con la reducción de azufre. El problema, abundó, es la falta de capacidad de refinación para lograrlo.

Sugirió al gobierno capitalino volver a emitir la calcomanía Doble Cero para automotores nuevos, ya que sería un incentivo para renovar la flota vehicular.