Por: Vicente Flores Hernández

Durante el decimoséptimo aniversario de la adopción de la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos, de las Naciones Unidas, un grupo de expertos internacionales dedicados a la protección de los defensores de los derechos humanos, dijeron estar alarmados por la intensificación de los ataques y las represalias sufridos por este grupo de atención en todo el mundo como consecuencia de su trabajo e instan a todos los Estados a que tomen medidas eficaces para aumentar la comprensión social del importante papel que desempeñan los defensores en la construcción de sociedades tolerantes y en la consolidación de la democracia.

Los expertos desean recordar a los Estados la importancia de asegurar el acceso efectivo a la justicia. Reine Alapini-Gansou, Relatora Especial sobre los defensores de los derechos humanos en la Comisión Africana sobre DD HH y de los Pueblos, explicó:

“La impunidad sirve únicamente para exacerbar la repetición de agresiones y amenazas contra los defensores de los derechos humanos. Es absolutamente indispensable que las violaciones de derechos humanos de los defensores se investiguen con seriedad, eficiencia y prontitud, que se sancione a los perpetradores y que se otorgue reparación a las víctimas. Los Estados deben asegurar, por todos los medios que sea posible, que haya acceso efectivo a la justicia”.

Durante el último año, los expertos han observado también un aumento de la penalización de los defensores por razones vinculadas a su trabajo. Esta penalización se manifiesta en el inicio de procesos penales injustificados contra ellos con varios fines, entre ellos intimidar a los defensores, así como a sus familiares y amigos, y perturbar el trabajo del defensor en momentos cruciales al obligarle a dedicar recursos y tiempo a su propio caso.

Otra finalidad es convencer a las víctimas de violaciones de derechos humanos de que desistan de buscar justicia y de efectuar reclamos similares en el futuro. Los expertos consideran que es importante que los Estados actúen con la debida diligencia para poner fin a todas las formas de penalización del trabajo de los defensores de los derechos humanos y tomar medidas a fin de abordar los contextos de riesgo en los cuales los defensores promueven su causa.

“Los defensores de los derechos humanos se enfrentan actualmente con varios retos”, dijo José de Jesús Orozco, Relator sobre Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. “En mi trabajo con defensores en las Américas, he notado un aumento de su estigmatización y penalización por agentes estatales y no estatales. Esta situación es sencillamente inaceptable, no importa dónde se produzca.

“Los defensores de los derechos humanos son cruciales para construir sociedades tolerantes y abiertas, libres de toda forma de discriminación y violencia. Cuando no se respetan los derechos de un defensor a la vida y la integridad personal, se transmite un mensaje social cuyo efecto es disuadir del trabajo en defensa de los derechos humanos en general.”

En el marco de este aniversario, Michel Forst, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, dijo: “Insto a los Estados que cuentan con mecanismos de protección a que vigilen las violaciones cometidas contra defensores, a que mejoren continuamente el funcionamiento de estos mecanismos y a que adopten medidas de protección integrales que sean puestas en práctica eficazmente y en colaboración por todos los sectores pertinentes del gobierno”. Agregó: “Los Estados que todavía no cuentan con mecanismos de protección deberían crearlos de inmediato porque está en juego la vida y la seguridad de muchos defensores de derechos humanos”.

Por último, los expertos pusieron de relieve la especial vulnerabilidad y el riesgo que enfrentan ciertos grupos de defensores de los derechos humanos, como los defensores de los derechos humanos de la mujer y los que promueven y protegen los derechos sexuales y reproductivos, los derechos de las personas LGBTI, los derechos de los pueblos indígenas, los derechos al territorio y los derechos ambientales. Con respecto a estos grupos, instan enfáticamente a los Estados a que aseguren su protección y a que reconozcan y apoyen su trabajo públicamente. Asimismo, exhortan a los Estados a que establezcan espacios en los cuales estos defensores puedan participar en la adopción y el seguimiento de leyes, políticas públicas y programas nacionales de protección, elaborados con ellos en mente como beneficiarios, a fin de aumentar su efectividad.