• “Tanto el INAI como los organismos garantes locales nos hemos manifestado por acompañar el proceso de instrumentación de la reforma por parte de los poderes judiciales”, aseveró la comisionada presidenta.

Por: Redacción/

Es vital contar con mecanismos para monitorear cómo se imparte justicia en el país y, de esta manera, evaluar los criterios de interpretación normativa que prevalecen en las sentencias de los tribunales y juzgados, aseveró la Comisionada Presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Blanca Lilia Ibarra Cadena.

“Con la reforma en materia de publicidad de las sentencias, avanzaremos en el camino a una nueva realidad judicial, en donde el enfoque de justicia abierta deje de ser una promesa y se convierta en una realidad”, aseguró durante su participación en el foro Transparencia y Gobierno Abierto, convocado por el Poder Judicial y el organismo garante del Estado de México.

La Comisionada Presidenta destacó que la transparencia y la rendición de cuentas de las instancias judiciales se había centrado en sus funciones administrativas, dejando de lado los asuntos que conciernen a su labor jurisdiccional y su principal producto: las sentencias.

Sin embargo, sostuvo que, con motivo de la reforma al artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en agosto de 2020, se estableció el deber de los poderes judiciales, federal y estatales, de poner a disposición de la ciudadanía las versiones públicas de todas las sentencias que emitan las y los juzgadores, sin importar su materia, grado o cuantía.

“Tanto el INAI como los organismos garantes locales nos hemos manifestado por acompañar el proceso de instrumentación de la reforma por parte de los poderes judiciales, facilitando las condiciones para garantizar la transparencia de la función judicial”, apuntó Ibarra Cadena en el evento convocado por el Poder Judicial y el órgano garante de transparencia del Estado de México.

En su intervención, el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, Ricardo Alfredo Sodi Cuellar, destacó que, desde junio de 2020, por convicción propia, el Poder Judicial del Estado de México decidió publicar las sentencias ejecutoriadas en materia mercantil, penal, familiar, civil y laboral, generando con ello un precedente obligatorio y un principio de progresividad de los derechos humanos, con miras a ser un Poder Judicial transparente.

“La transparencia sirve para unificar criterios, para conocer los criterios de los jueces y para exhibir e inhibir actos de corrupción, porque la motivación de una sentencia, lo que algunos llaman el holding de la sentencia, es lo que da solidez y legitimidad a una resolución judicial. La transparencia en el Poder Judicial deber ser la norma”, advirtió Sodi Cuellar al dar a conocer que, al 18 de junio, han publicado más de 42 mil sentencias.

A su vez, la Comisionada Presidenta del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios (INFOEM), Zulema Martínez Sánchez, indicó que la transparencia y la rendición de cuentas son temas clave en las discusiones sobre administración pública, gobernanza, derecho de acceso a la información y acceso a la justicia, superando límites geográficos, sectoriales y políticos.

Reconoció que la reforma del artículo 73 de la Ley General de Transparencia fue impulsada desde la sociedad civil y constituye un parteaguas en la impartición de justicia. “Abre una ventana a muchas oportunidades, al permitir a las y los ciudadanos conocer los criterios al momento de dictar sentencias, el proceso que siguen y, sobre todo, la forma en que se deben garantizar los derechos humanos”, apuntó Martínez Sánchez.

En el acto inaugural participaron también el Secretario de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno mexiquense, Rodrigo Espeleta Aladro; el Director Jurídico en Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), Gerardo Carrasco Chávez, y el Director del Centro de Estudios Jurídicos Carbonell, Miguel Carbonell.