Por: Redacción/

La reinvención del sistema público de salud de México es una de las rutas hacia la reconstrucción del Estado, con la lucha contra la corrupción como condición indispensable para eficientar su desempeño, de la mano de la participación social y la renovación de la mística del servicio, plantea el doctor Ricardo Espinoza Toledo, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

En el contexto de los graves efectos sociales y económicos causados por la pandemia del nuevo coronavirus COVID-19, la intervención estatal debe darse en rubros que impulsen el desarrollo, con la ineludible rehabilitación orientada al bienestar de las personas.

Otro objetivo prioritario debe ser la soberanía, tanto alimentaria como energética, ya que depender de Estados Unidos ha sido un proyecto fallido, si se considera que el extinto Tratado de Libre Comercio (TLC) no llegó a ser el puntal de la economía y las exportaciones quedaron “como un circuito cerrado que ya era exitoso antes de la suscripción del acuerdo multinacional”.

La emergencia sanitaria evidenció que gobiernos y sistemas políticos experimentan presiones inesperadas, pues han descubierto que el mercado afecta a las mayorías, redistribuye mal la riqueza y acaba por distorsionar la competencia y la concurrencia, una situación frente a la cual la función social del Estado se reafirma como necesaria, incluso para la reproducción del capital, sostiene el académico de la UAM en un artículo.

En México, la ayuda económica directa, las tandas y los créditos van en paralelo con grandes proyectos de infraestructura, cuya obra pública está pensada para crear empleos y alentar áreas geográficas depauperadas, además de que se conjuga un programa oficial que busca construir un Estado para el desarrollo.

La pandemia alteró la vida y los modelos políticos en el mundo, poniendo en juego no sólo la salud de la gente sino su propia existencia, ya que sin una vacuna ni curación a la vista, la capacidad extraordinaria de contagio del virus tiene como medida más efectiva de prevención el distanciamiento social y el encierro, con su cauda de desgracias, a la que se suman problemas por las políticas en favor de los privilegiados tomadas por muchos gobiernos nacionales.

En México, el desmantelamiento del Estado pregonado por el credo neoliberal – presentado como vía de modernización– incluyó desaparecer mecanismos de protección social a través de los servicios públicos de salud, pues “salían muy caros y había que dejar que los individuos se las arreglaran como pudieran”.

El profesor del Departamento de Sociología escribe que el gran referente en los procesos privatizadores del país fue Estados Unidos y quizás el ejemplo más claro sea la subrogación de los servicios de salud, aunque a la par se impuso la idea de que lo producido en otros países era mejor y más barato, lo que ha significado que la globalización sin previsiones ni instrumentos en favor del avance nacional hizo que no interesara la autosuficiencia, pues todo se podía adquirir fuera.

Junto a los desatinos del presidente Donald Trump, la población estadounidense está viviendo una crisis social sin precedente, al grado de que la muerte de una persona negra por causa de la brutalidad policiaca “ha sido sólo la gota que derramó el vaso de la conflictividad acumulada” y la violencia extendida a muchos estados, injustificable como es, tiene su origen en una cadena de agravios derivada de la marginación y la desigualdad.

La tendencia ahora debiera ser a un mundo más centrado en estructuras económicas nacionales, no soportadas ni modeladas por grupos privados, ya que su naturaleza es la ganancia y no el servicio público. La exigencia social en el planeta está dando un giro hacia un Estado más interventor en el diseño del marco que proteja la vida y el bienestar de las mayorías.

“Al Estado no le toca hacer todo, desde luego, ni intervenir indiscriminadamente, pero por su capacidad y vocación, le corresponde llevar a cabo las acciones fundamentales para que la salud sea un derecho efectivo, al igual que la educación y la seguridad”, concluye Espinoza Toledo en su artículo Un Estado para el desarrollo.