Por: Redacción

En México, la educación del siglo XXI vive profundas insuficiencias que hoy reclaman atención en términos analíticos, y una serie de respuestas en términos de política educativa. Pese a la existencia de una compleja estructura institucional que da cabida a más de 36 millones de estudiantes en todos los niveles, se tiene un déficit cuantitativo incomprensible para un país que es la undécima economía del mundo.

Durante los Foros Universitarios “La UNAM y los desafíos de la nación”, que en esta ocasión se dedicó al tema de la educación, el titular de la Coordinación de Humanidades, Alberto Vital, refirió que según datos del INEGI, al 2015 los habitantes de 15 años y más tenían nueve años de escolaridad en promedio, es decir, un poco más de la secundaria. Pero el dato varía de acuerdo con las distintas entidades: 11 años en la Ciudad de México y 7.3 años en Chiapas. “Ésta es una más de las desigualdades en las cuales hay que seguir trabajando”.

La educación es un punto neurálgico de la compleja realidad contemporánea, y la Universidad Nacional puede aportar ideas concretas para mejorar ese aspecto tan importante para México, subrayó.

Hugo Casanova, integrante del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación (IISUE) y coordinador del foro, expresó que excepto en primaria y secundaria, que alcanzan una cobertura de 97 y 93 por ciento, respectivamente, los otros niveles muestran dimensiones deficitarias: preescolar, 63 por ciento; media superior, 73; y superior, 35 por ciento.

A ello hay que agregar a cinco millones de personas al margen de las letras, y el rezago educativo de 32 millones de mexicanos, según un reporte de la UNAM. Ese déficit cuantitativo se acompaña de otras dimensiones críticas que afectan a la educación nacional: la cualitativa, la política, la sustantiva (de sustento pedagógico) y la de infraestructura.

Es imperioso, sostuvo, promover la construcción de un acuerdo de política educativa, que responda de manera más precisa e informada a los profundos problemas estructurales y de coyuntura de la educación nacional.

En la mesa I: “Retos y perspectivas de la educación básica en México”, Ángel Díaz Barriga, investigador emérito del IISUE, mencionó que cuando se habla de reformas educativas no se sabe a qué se refieren: a política, al sistema educativo, curricular, o es solamente la primera parte de una reforma laboral.

La que se implanta en el país está al revés: primero se establecen nuevas reglas para regular la relación laboral entre profesores y Estado, y cuatro años después se piensa en el contenido pedagógico. Además, la tarea pendiente para este sexenio será establecer un proyecto para las escuelas normales.

La prueba del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes (PISA), opinó, no conforma un sistema de retroalimentación, sólo permite un escándalo social que señala el lugar que ocupan los alumnos mexicanos con respecto a los de otros países, pero ni siquiera se ha hecho un taller para preguntarnos a qué se deben esos resultados y qué podemos hacer al respecto.

Rosa María Torres, presidenta del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, expuso que es fundamental analizar la dinámica de la desigualdad educativa, a fin de reconocer que la escuela puede y debe responder a las demandas sociales de compensación del déficit de experiencia de socialización democrática que existe en la colectividad.

Todo apunta a la necesidad de un cambio profundo de las instituciones; implica replantearse los patrones de funcionamiento del sistema educativo. “No siempre sus transformaciones responden a las exigencias de una sociedad de derecho”. Las desigualdades educativas y político-territoriales aparecen como unas de las más persistentes y reclaman la coordinación de políticas entre pares.

María de Ibarrola, del Departamento de Investigaciones Educativas del Cinvestav, recordó que después de otras reformas que fueron fallidas, se ha propuesto una estructural, que plantea calidad y un sistema integral de información para saber cuántos maestros son, qué plaza tienen, cómo son las plantillas de los planteles o la infraestructura.

La especialista subrayó que quedan desafíos, como que el país tiene que hacerse responsable de una escolaridad obligatoria de 15 grados (desde preescolar hasta nivel medio superior), con 30 millones de estudiantes y diferentes modalidades de servicio –como escuelas rurales, indígenas y comunitarias–.

En la mesa II: “Los grandes retos de la educación superior y media superior: cobertura, calidad, vinculación e innovación”, Humberto Muñoz, emérito del Instituto de Investigaciones Sociales y excoordinador de Humanidades de la UNAM, señaló que México requiere una educación que sea útil para quienes la reciben.

Debe otorgar conocimientos pertinentes al desarrollo local; contribuir a eliminar la exclusión, la desigualdad y el miedo a la incertidumbre; fortalecer la competitividad en el ámbito global y estimular la participación ciudadana. “Un sistema de educación superior cuya integración ayude a resolver la transición a energías renovables, la escasez de agua, a cambiar las relaciones sociales, y otros asuntos estructurales necesarios”.

Adrián Acosta, responsable de la Unidad de Política Educativa del Centro de Estudios Estratégicos para el Desarrollo de la Universidad de Guadalajara, precisó que no existe un sistema nacional de educación superior, sino un conglomerado escasamente articulado –aunque relativamente desconcentrado y descentralizado– de instituciones que ofrecen servicios y espacios en condiciones diversas y desiguales.

Propuso la creación de un órgano encargado de promover recomendaciones y sugerencias de políticas, que se haga cargo de las tareas de evaluación y del cumplimiento de metas. “Es importante colocar en el horizonte resultados en términos de reducción de la desigualdad y la pobreza, con el incremento y aseguramiento de oportunidades educativas”.

Romualdo López Zarate, rector de la unidad Azcapotzalco de la UAM, consideró que la confianza que tiene la sociedad en las universidades públicas se debe a que forman jóvenes competentes y les enseñan valores.

Se trata de hechos como que el ingreso es por méritos, mediante un proceso de selección, sin corrupción; que se respeta la diversidad sexual, de opiniones. Ése es el gran aporte que pueden hacer las instituciones de educación superior a la sociedad, finalizó.