Por: Redacción/
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) son factores de inclusión para acercar información pública útil a personas en situación de vulnerabilidad, grupos en condiciones especiales y víctimas de discriminación, afirmó el Comisionado Presidente, Francisco Javier Acuña Llamas.
Durante la inauguración del foro virtual A 5 años del PROSEDE: ¿Cuál ha sido el impacto en grupos vulnerables?, organizado por el Instituto, Acuña Llamas reconoció que ha sido de la mano de las OSC como el INAI ha logrado llevar a esos grupos los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales.
Destacó que en la primera etapa del acceso a la información en el país lo urgente era socializar el conocimiento de este derecho, es decir, comunicar a las personas que tenían derecho a saber, a conocer la verdad sobre la gestión pública “sus detalles, sus antecedentes, sus efectos, sus costos, sus errores y sus aciertos”.
Francisco Acuña planteó que ahora es momento de sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales, para lo cual es indispensable el trabajo conjunto de los órganos garantes del Sistema Nacional de Transparencia y las Organizaciones de la Sociedad Civil.
“El derecho de acceso a la información es hoy por hoy un torrente digital al servicio de la sociedad”, enfatizó. A su vez, la Comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena aseguró que “las organizaciones de la sociedad civil son clave y aliadas estratégicas en estos esfuerzos para que el INAI pueda difundir el derecho a saber en los grupos vulnerables, para que éstos puedan allegarse de información pública que les permita acceder a otros derechos”.
Al moderar la mesa “Implementación de proyectos del Programa de Sensibilización de Derechos: casos relevantes de promoción de derechos en grupos vulnerables”, Ibarra Cadena señaló que existe el compromiso del INAI de atender e impulsar iniciativas como el PROSEDE para acercar este derecho a las personas en situación de vulnerabilidad. Ibarra Cadena sostuvo que el derecho de acceso genera importantes beneficios particularmente para dichos grupos en esta difícil etapa de emergencia sanitaria, donde se han evidenciado limitaciones en materia de tecnología, pero también en otras condiciones que enfrentan para salir adelante ante la crisis por COVID-19.
La Comisionada celebró que, a través del PROSEDE, el INAI apoye a diversas organizaciones en su trabajo para atender grupos vulnerables, por ejemplo, en el impulso de mecanismos para evitar la discriminación y la protección de los datos de personas que viven con VIH; las acciones con comunidades migrantes para que conozcan sus derechos; así como el empoderamiento de las mujeres, en un momento de fragilidad ante la violencia doméstica.
Al reconocer que, hoy más que nunca, se ha evidenciado el papel estratégico de la información pública para una toma de decisiones sustentada y el apoyo colaborativo por parte de las organizaciones de la sociedad civil y las autoridades, la Comisionada reiteró el compromiso institucional del INAI para poder seguir generando proyectos que impulsen y promuevan el derecho a saber en todos los grupos, de una manera incluyente y democrática.
Deyanira Clériga Morales, responsable del Programa AOIM en Voces Mesoamericanas, subrayó que se produjeron programas de radio, infografías y obras de teatro en tsotsil y tseltal para personas migrantes en las comunidades de origen y destino. “Creemos que esta forma de educación popular es fundamental para seguir reflexionando cómo podemos transitar a la exigencia de derechos e involucrar a las personas”.
José Daniel Marín Mercado, Presidente de Responde, Inclúyete cómo Diversidad y Vive tus Derechos, A.C., habló sobre el proyecto que encabezó para acercar una cultura de protección de datos personales de personas que viven con VIH, en el estado de Michoacán. Destacó que “se debe reforzar la vinculación y seguimiento de personas que viven con VIH para detectar la vulneración de la protección de sus datos personales, así también como la formación continua de servicios de educación que tengan que ver con el seguir educando en la protección de datos personales y en el ejercicio de los Derechos ARCO”, dijo.
Silvia Elena Domínguez, integrante de la organización Desarrollo Autogestionario A.C., señaló la importancia de fortalecer la participación activa de las mujeres en sus comunidades. “Creemos que proyectos de este tipo contribuyen a fortalecerlo y nos parece fundamental porque las comunidades están principalmente habitadas por mujeres y su papel es muy importante”.
Jorge Carbajal Hernández, Coordinador de Arkemetría Social A.C., indicó que su organización desarrolló un programa de capacitación de mujeres vigilantes de lo público en las alcaldías Cuauhtémoc, Benito Juárez y Tlalpan; así como en los municipios de Chalco y Metepec, con el objetivo de fomentar el aprovechamiento de la información pública para reducir el margen de vulnerabilidad de mujeres.
“En la mayoría de los casos las participantes accedieron a información que les permitió tener una mayor comprensión sobre las problemáticas que les afectan”, asentó.
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