Por: Redacción/

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) propone acciones para transparentar y rendir cuentas de los recursos públicos que los tres órdenes de gobierno están destinando a las labores de rehabilitación y reconstrucción de las zonas afectadas, tras los sismos del 7 y 19 de septiembre.

El Instituto considera que la sociedad y, en especial, la población afectada debe tener la certeza de que el dinero público recaudado será distribuido y ejercido en igualdad de condiciones, por lo que plantea emprender las siguientes acciones:

Primera: invitar al Gobierno de la República, a los de las entidades federativas y municipios afectados, en el seno del Sistema Nacional de Transparencia (SNT) y con el respaldo de los organismos garantes, a crear una Instancia de Coordinación Nacional para la Reconstrucción, en materia de transparencia, rendición de cuentas y protección de datos personales, en la que el INAI funja como promotor de los esfuerzos de coordinación de todo el proyecto de reconstrucción.

Segunda: determinar que la información en poder de los sujetos obligados, relacionada con la atención de la emergencia y derivada de los trabajos realizados para reconstruir y gestionar los recursos donados o destinados para ese fin, es de interés público y constituye una obligación de transparencia. Se deberán incluir las aportaciones de fomento y estímulos otorgados a favor de organizaciones de la sociedad civil; aprovechar el desarrollo de acciones preexistentes de transparencia proactiva, así como iniciativas y plataformas ciudadanas en la materia, y agrupar temáticamente y con un enfoque de calidad de la información, partiendo de los criterios emitidos por el SNT.

Tercera: promover mecanismos de transparencia proactiva, gobierno abierto y participación ciudadana, que permitan a los damnificados acceder y obtener información útil sobre las intervenciones gubernamentales ante la emergencia.

Cuarta: impulsar la adopción de la política de contrataciones abiertas en ramos y sectores de los tres órdenes de gobierno que llevarán a cabo procedimientos de contratación con recursos públicos para reconstruir y rehabilitar las zonas afectadas.

Quinta: poner a disposición de la ciudadanía las solicitudes de acceso a la información, respuestas y, en su caso, recursos de revisión relacionados con los eventos desafortunados del 7 y 19 septiembre (integrar esta información a nivel nacional); y en virtud de la situación de emergencia, exhortar a los sujetos obligados a realizar esfuerzos para atender con la mayor oportunidad y calidad, los requerimientos formulados por los particulares.

Sexta: asegurar que la información que se integre y forme parte de los portales ya existentes o en creación por estos motivos, cumpla con los principios de datos abiertos y con las disposiciones de los Lineamientos para Determinar los Catálogos y Publicación de Información de Interés Público; y para la Emisión y Evaluación de Políticas de Transparencia Proactiva, emitidos por el SNT.

Séptima: coadyuvar con las instancias responsables en la creación de una herramienta digital que incluya toda la información generada con motivo de la atención, reconstrucción y gestión de los recursos donados o destinados para estos fines y documente la toma de decisiones del Comité Nacional de Reconstrucción. Se pretende que la herramienta sea una ventana única de información para el ciudadano y pueda ser complementada con los ejercicios implementados por la sociedad civil, a fin de garantizar la certeza, actualidad y validez de la información pública.

Octava: sugerir la creación de un tablero de control que permita cuantificar los montos de los recursos públicos reasignados por los sujetos obligados del ámbito local o federal y precisar si son canalizados directamente a los gobiernos de las entidades federativas afectadas, o bien, al gobierno federal.

Novena: promover entre los sujetos obligados el pleno respeto de sus obligaciones en la utilización de datos personales para los diferentes trámites y procedimientos que los particulares desarrollen, derivado de los efectos producidos por los sismos para que sean utilizados adecuadamente, tanto en lo público como en lo privado. Para efectos de lo anterior, este Instituto brindará la asesoría y orientación que los responsables del ámbito público y privado soliciten para el mejor cumplimiento de sus deberes en la materia.

Décima: brindar asesoría y orientación en materia de datos personales, tanto en el sector público como privado, a las personas que resultaron en cualquier forma afectadas por los sismos para que puedan recuperar su información personal y ejercer sus derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición). Para ello, se pone a disposición del público en general los canales de vinculación establecidos por este Instituto con la sociedad.

Décima primera: proponer, como integrante del Sistema Nacional Anticorrupción, lo siguiente:

Que la información generada, ya sea para la prevención o persecución de presuntos actos de corrupción como para las acciones de seguimiento, fiscalización y auditoría, pueda ser transparentada bajo el principio de máxima publicidad.

Que se incentive la denuncia ciudadana ante posibles actos de corrupción, así como para las acciones u omisiones de las autoridades derivadas de estos eventos y se reporte el seguimiento que se lleve a cabo para atenderlas y/o corregirlas.

Que estos ejercicios puedan replicarse, en coordinación con los Sistemas Estatales Anticorrupción, para contar con lenguajes, bases e información similares que permitan transparentar cualquier acto de corrupción en las entidades federativas afectadas por estos eventos.

Décima segunda: generar un mecanismo proactivo de seguimiento y/o coordinación del dinero donado por la iniciativa privada, para lo cual se propone una reunión con los principales donantes, fundaciones y/o fideicomisos, a fin de plantear un trabajo conjunto, mediante convenios de colaboración.

Décima tercera: incentivar al sector privado, cuyas donaciones no tengan impactos fiscales para el Estado mexicano, a publicar el destino de las donaciones que realicen a las organizaciones civiles y fideicomisos con motivo de los sismos, a efecto de brindar confianza a la población sobre todos los esfuerzos llevados a cabo para la reconstrucción. Lo anterior, mediante la suscripción de convenios con dicho sector, para promover la adopción de buenas prácticas de transparencia en el uso de recursos destinados a ese propósito.