Por: Redacción

Con el fin de mantener una adecuada protección y promoción del derecho a la protección de los datos en los países de Iberoamérica, es necesario crear un Acuerdo Regional e impulsar la concreción de la Plataforma de Jurisprudencia en la materia, propuso Ximena Puente de la Mora, comisionada presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

Durante el XIV Encuentro Iberoamericano de Protección de Datos, al rendir su informe como titular de la presidencia de la Red Iberoamericana de Protección de Datos (RIPD), correspondiente al periodo 2014-2016, Puente de la Mora destacó que el desarrollo normativo en la materia y la cooperación internacional entre autoridades, ha definido una nueva etapa en la defensa de este derecho fundamental de tercera generación.

“Las autoridades garantes estamos obligadas a diseñar e implementar mecanismos novedosos que contribuyan a asegurar el cumplimiento de las leyes de protección de datos y a impulsar el desarrollo de normativas en otras naciones de la región”, enfatizó.

En ese sentido, apuntó que el Acuerdo Regional fijaría las bases mínimas indispensables que los países integrantes de la región deberían comprometerse a mantener una adecuada protección y promoción del derecho a la protección, fundado en anclajes jurídicos robustos, para llevar a cabo una cooperación efectiva en el cumplimiento de la norma.

La comisionada Puente de la Mora abundó que la Plataforma de jurisprudencia en materia de protección de datos personales tendría como objetivo integrar una base de datos que contenga documentos jurisprudenciales y normativos, internacionales, en una primera etapa, y locales, en una segunda y tercera etapa, vinculados con los temas de intimidad, vida privada, habeas data y protección de datos personales.

Al evento también asistió el coordinador de Protección de Datos de Personales del INAI, Gustavo Parra Noriega. La RIPD está integrada actualmente por 10 países: Andorra, Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, España, México, Perú, Portugal y Uruguay. Con excepción de Chile, todos cuentan con su respetiva autoridad reguladora.