Por: Redacción

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales (INAI) ordenó al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado (ISSSTE) informar cómo se ejercieron los 500 millones de
pesos que transfirió al SuperISSSTE, precisando proveedor, fecha de pago, adeudo
total, calidad y el saldo insoluto restante, información que fue requerida por un
particular en ejercicio de su derecho de acceso.

Como respuesta a la solicitud, el ISSSTE señaló que la información se encontraba
clasificada, porque su difusión podría incrementar el costo de operación financiera
realizada por los sujetos obligados del sector público federal, ya que las tiendas del
ISSSTE tienen un desempeño con pérdidas operativas desde hace ya varios
ejercicios.

Adicionalmente, indicó que se afectarían las negociaciones con los proveedores en
la compra de mercancía, pues al conocer las condiciones de pago éstos podrían
exigir la liquidación total del adeudo y suspender el suministro adicional lo cual
ocasionaría un desabasto de las unidades de venta y con ello el incumplimiento del
objeto social para las que fueron creadas las tiendas.

Inconforme con la clasificación, el particular interpuso recurso de revisión ante el
INAI. En alegatos, el ISSSTE reiteró su respuesta.

Al presentar el caso ante el Pleno, la comisionada Areli Cano Guadiana expuso que
las tiendas del ISSSTE conocidas como SuperISSSTE son de carácter social y
tienen como objetivo incrementar el poder adquisitivo del ingreso económico de la
población mexicana a partir de un esquema de comercialización de productos de
consumo básico, así como de medicamentos con los mejores precios del mercado.

Sin embargo, señaló que desde 2012 estos centros de abasto han enfrentado un
escenario económico desfavorable. A manera de ejemplo, indicó que, de acuerdo
con las notas a los estados financieros publicadas por la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, hubo una diferencia entre los ingresos y los gastos en 2012 de más
de 564 millones de pesos.

Al respecto, la comisionada refirió que la Auditoría Superior de la Federación, en la
revisión de la Cuenta Pública 2014 hizo algunas observaciones que permiten
comprender parte de las razones de la situación actual de los comercios, entre
éstas, el hecho de que cada tienda realizó pedidos de compra de manera individual,
sin que mediara una estrategia definida, lo que provocó una mezcla inadecuada de
productos, así como problemas de sobre inventario o desabasto.

Adicionalmente, señaló que la autoridad fiscalizadora comprobó que SuperISSSTE
no mantiene un control que asegure la eficacia y eficiencia del gasto financiero de
sus ingresos y afirmó que los déficits producidos por dichas fallas administrativas
los ha cubierto el ISSSTE mediante transferencias de recursos, como los 500
millones de pesos referidos por el particular.

En el análisis del caso, se advirtió que la información solicitada no se relaciona con
la estabilidad de la moneda o con los sistemas financieros, como argumentó el
sujeto obligado, aunado a que se determinó que se trata del ejercicio de recursos
públicos, a cargo del ISSSTE, por lo que debe permear el principio de transparencia,
establecido en la Constitución.

Por otra parte, se corroboró que el propio sujeto obligado ya había dado a conocer
la forma en que se ejercieron los 500 millones de pesos, e, incluso, el propio director
del SuperISSSTE mencionó, en un comunicado de prensa, que se liquidó el cien
por ciento de sus deudas con 212 proveedores, mientras que con 105 restantes
estaba cubierto el 34 por ciento de los compromisos.

En ese sentido, se concluyó que el argumento del ISSSTE de que al dar a conocer
la información se verían afectadas sus negociaciones con los proveedores no
encuentra sustento, pues cada actor conoce su situación individual, adicional a que
lo requerido no daría cuenta de la manera en que se concretó la negociación con
cada uno.
Finalmente, la entidad manifestó que se podría ver afectado un derecho
constitucional como lo es la venta de productos básicos y bienes de consumo a
bajos precios para los trabajadores del Estado; no obstante, se verificó que dicho
derecho no se ve lastimado pues no existe nexo causal entre la información
solicitada y el desabasto.
La comisionada Areli Cano afirmó que es necesario transparentar los detalles de la
información relacionada con los recursos públicos destinados al pago de
proveedores, a fin de que la sociedad conozca las acciones para dotar de viabilidad
a estos establecimientos, que juegan un papel social importante para el beneficio
de la economía de las familias.

“La transparencia del caso servirá como punto de comparación para futuros
ejercicios de fiscalización, en los cuales resulta más sencillo identificar los cambios,
productos de la infraestructura propuesta por las tiendas ISSSTE, y por tanto,
coadyuvar a la eventual exigencia de rendición de cuentas en caso de advertirse
que persisten los malos manejos, o bien, servirá para el reconocimiento de las
mejoras”, enfatizó.

Por lo expuesto, el Pleno del INAI modificó la respuesta del ISSSTE y le instruyó
entregar al particular una relación de la forma en que se ejerció el apoyo de los 500
millones de pesos transferidos del ISSSTE al SuperISSSTE, precisando proveedor,
fecha de pago, adeudo total, cantidad y el saldo insoluto restante.