Por: Redacción/

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) dar a conocer la capacidad de operación policial de cada municipio y demarcación territorial de la Ciudad de México, considerada para otorgarles o no recursos del Subsidio para el Fortalecimiento del desempeño en materia de Seguridad Pública (Fortaseg), en 2016, 2017 y 2018.

Al presentar el caso ante el Pleno, el comisionado Joel Salas Suárez destacó que la información en materia de seguridad será indispensable para contar con un diagnóstico claro sobre los
niveles de inseguridad en cada estado y municipio, a partir del cual se establezcan las acciones necesarias para la implementación de la Guardia Nacional, que el Congreso Federal declaró constitucional el 14 de marzo pasado.

“La creación de la Guardia Nacional conlleva la revisión de esquemas de coordinación intergubernamental en materia de seguridad pública, en aras de fortalecer las capacidades de los gobiernos estatales y municipales, pues la intervención militar será temporal y la Guardia Nacional no debe concentrar las funciones en la materia. La información pública es la clave para demostrar los resultados alcanzados mediante esta reforma y que responde a las necesidades específicas de cada estado, municipio y localidad en el país”, afirmó.

Asimismo, Salas Suárez señaló que el Fortaseg es un subsidio otorgado a estados y municipios con más alto índice de violencia, para combatir a la delincuencia; sin embargo, enfatizó que este
año sufrió un recorte presupuestal, a pesar de que una evaluación de la UNAM, aplicada en 2017, concluyó que el programa ha contribuido a mejorar las condiciones de seguridad y justicia
del país.

“Si la evaluación de la UNAM confirmó resultados positivos obtenidos gracias a la distribución del Fortaseg, cabe preguntar por qué se tomó esta decisión y qué alternativas se tienen contempladas para complementarlo y fortalecer las capacidades estatales y municipales para asumir sus atribuciones de seguridad. La información pública puede ayudar al Gobierno Federal
a responder estas preguntas”, indicó.

En respuesta al particular que solicitó conocer el estado de fuerza policial de cada municipio, el Secretariado Ejecutivo reservó la información por 5 años, argumentando que su difusión pondría
en riesgo la seguridad de todos los municipios, así como las acciones destinadas a salvaguardar la integridad, los derechos de las personas, la paz y el orden público; además de que revelaría
las capacidades de cada una de las instancias de seguridad municipales.

Inconforme con la reserva, el particular presentó un recurso de revisión ante el INAI, mediante el cual afirmó que se trata de información pública, derivada del Censo Nacional de Gobiernos
Municipales y Delegacionales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de los años 2017, 2015, 2013 y 2011.
En alegatos, el Secretariado Ejecutivo reiteró su repuesta y precisó que la información del Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegaciones es integrada por el INEGI con una fuente y
metodología distinta a la reportada mensualmente por los municipios al Centro Nacional de Información.

En el análisis del caso, a cargo del comisionado Salas Suárez, se determinó que la reserva de información es improcedente.
Se advirtió que la difusión de la información no representa un riesgo o amenaza a la seguridad pública, ni puede menoscabar, obstaculizar o dificultar la capacidad de reacción de las instituciones ante alteraciones del orden social, debido a que la capacidad no se limita al número de elementos de cada instancia, sino que contempla una serie de estrategias, procesos, inteligencia, tecnología, sistemas, información, comunicaciones, planes y recursos materiales.

Asimismo, se concluyó que la divulgación de la información no puede poner en peligro la vida, seguridad o salud de una persona, pues dar a conocer el estado de fuerza policial por municipio
no revela el nombre o algún otro dato que pudiera identificar o hacer identificable a personas o servidores públicos de los cuerpos policiales.

Finalmente, se verificó que la información recabada por el INEGI, a través del Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales, es de todo el personal que labora y, si bien
contempla distintas variables, no existe alguna que permita conocer la capacidad de operación policial de cada uno de los municipios, considerados para recibir apoyo del Subsidio Fortaseg,
en 2016, 2017 y 2018.

Por lo expuesto, el Pleno del INAI modificó la respuesta del SESNSP y le instruyó poner a disposición del particular la información sobre la capacidad de operación policial de cada municipio y demarcación territorial de la Ciudad de México, que se consideró para otorgarles o no recursos del Subsidio Fortaseg, en los años indicados.