Por: Redacción

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ha asumido un papel valeroso al garantizar el derecho de acceso a la información sobre casos de violaciones graves a derechos humanos, como fueron Tlatlaya y Ayotzinapa, afirmó el comisionado presidente, Francisco Javier Acuña Llamas.

“Se dieron estos acontecimientos penosos que han ensombrecido la realidad política nacional y que han generado enormes cuestionamientos, dudas, fuertes, grandes, y el INAI ha jugado un papel valiente y valeroso y debemos decir que estas resoluciones fueron aprobadas por unanimidad”, manifestó.

Al participar en la Cuarta Mesa de Análisis sobre resoluciones del INAI “Resoluciones bajo la lupa: Memoria y Verdad”, en el que se revisaron dos recursos aprobados por el órgano garante en 2015, para que la PGR y la SEDENA entregaran información sobre los casos de Tlatlaya y Ayotzinapa, respectivamente, Acuña Llamas, dijo que pese a las diferencias naturales que existen en un colegiado, en los asuntos de mayor trascendencia, los siete comisionados han ido en unanimidad.

En la sala “Centenario” del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (IIJ-UNAM), en su oportunidad, la comisionada Areli Cano Guadiana, manifestó que, en estos dos casos, el derecho de acceso ha servido a las víctimas para obtener información que les ha negado la autoridad.

“Para acercarse de un derecho que no lo pueden ejercer vía la parte procesal, inclusive, los que son parte, se les ha complicado por la legislación penal acceder a información de ellos, son parte de la averiguación previa y está utilizando el derecho de acceso a la información, para allegarse de lo que obra en la investigación”, sostuvo.

Cano Guadiana recordó que en junio próximo se cumplirá un aniversario más del caso Aguas Blancas, que no habría que perder de vista, apuntó, toda vez que, a partir de ese acontecimiento, la Suprema Corte de Justicia de la Nación incorporó el derecho a la verdad como un derecho vinculado al de acceso a la información.

“Esto fue en 1995 y hablaba también de que cuando el poder público entrega información manipulada, no objetiva, no veraz, viola el ejercicio del derecho de acceso a la información, viola garantías individuales y ese esquema que se dio en ese criterio, ha permeado en estos lamentables sucesos de Ayotzinapa y Tlatlaya, donde vemos en solicitudes de acceso que se oculta información y que no se da de forma oportuna”, apuntó.

Durante el análisis de los dos recursos del INAI, Ximena Medellín, investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y Carlos Pelayo del IIJ de la UNAM, coincidieron en que las dos resoluciones no sólo representan un mecanismo de acceso a la información, sino un mecanismo de acceso a la justicia.

En la mesa de análisis participaron, Liliana Veloz, directora ejecutiva de la Red por la Rendición Cuentas (RRC); Lourdes Morales, coordinadora de la RRC; Issa Luna Pla del IIJ-UNAM; y Adrián Alcalá Méndez, secretario de Acceso a la Información del INAI, entre otros.