La Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) deberá buscar y dar a conocer las fotografías y videos tomados por un militar la noche que desaparecieron los 43 normalistas de Ayotzinapa, instruyó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

Al presentar el caso ante el Pleno, el comisionado ponente, Joel Salas Suárez, sostuvo que el caso Ayotzinapa ha demostrado que la sociedad ya no está dispuesta a dejar en manos de las autoridades la reconstrucción de la verdad, ni a olvidar.

Recordó que actores de la sociedad civil, las propias víctimas, organizaciones defensoras de derechos humanos, periodistas, organismos internacionales, entre otros, han contribuido a mejorar las investigaciones oficiales.

“Las autoridades mexicanas negaron en un inicio la intervención de las fuerzas armadas en el caso, pero poco después modificaron esta versión. Medios de comunicación, nacionales e internacionales, denunciaron que elementos castrenses sí conocieron y presenciaron los hechos de la noche del 26 de septiembre de 2014 y esto se confirmó en la versión pública del expediente sobre el caso Ayotzinapa que publicó la PGR en septiembre de 2015”, dijo.

Salas Suárez afirmó que las suspicacias en torno a la responsabilidad del Ejército mexicano por su acción u omisión, no se han hecho esperar y, en su reporte, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para apoyar al gobierno federal en las investigaciones, advirtió sobre la negativa de éste para permitir acercamiento con los militares involucrados y conocer sus testimonios.

“Las autoridades han explicado los argumentos jurídicos que justifican esta decisión; sin embargo, pueden reforzarlos a través de la transparencia. La mejor forma de demostrar que el Ejército mexicano no se relaciona con las violaciones graves a derechos humanos en el caso Ayotzinapa, es atendiendo las demandas de información puntualmente y garantizando que en todo momento se actúa conforme a lo dispuesto en la legislación de la materia.

Los mexicanos tenemos derecho a saber y valorar si el Ejército cumplió con sus atribuciones”, enfatizó. Una particular solicitó toda la documentación, escrita y audiovisual, que el militar Eduardo Mota Esquivel, adscrito al 27 Batallón de Infantería, recogió la noche del 26 de septiembre del 2014 en la ciudad de Iguala, cuando desaparecieron 43 estudiantes de Ayotzinapa, y que entregó a su superior, el Teniente Joel Gálvez Santos.

En respuesta, el sujeto obligado declaró inexistente esta información. No obstante, puso a disposición un disco compacto con cuatro fotografías tomadas por el militar referido. Inconforme, la particular consideró insuficiente la información que se le entregó e interpuso el recurso de revisión ante el INAI, en el que manifestó que en el expediente del caso Iguala, hecho público por la PGR, aparecen testimonios de Eduardo Mota Esquivel respecto al material de su interés.

En alegatos, la SEDENA reiteró su respuesta inicial. En el análisis del caso, la ponencia del comisionado, Joel Salas Suárez, indicó que si las unidades administrativas que atendieron la solicitud declararon inexistencia, no se tiene certeza de si fue una de ellas o alguna otra la que proporcionó las cuatro fotografías.

Por lo tanto, se expuso, no se valida que se haya hecho una búsqueda exhaustiva. Además, se apuntó, la SEDENA cuenta con otras unidades administrativas como la Comandancia Regional y la Zona Militar, que pudieron atender la solicitud de la particular.

Se agregó que, de acuerdo con información pública localizada se desprende que el militar, en calidad de testigo, declaró que sí tomó fotografías de lo ocurrido aquella noche del 26 de septiembre de 2014 para demostrar a su superior que cumplió con el trabajo de verificar la presencia de un autobús con estudiantes en la carretera Iguala-Chilpancingo y la presencia de estudiantes en el hospital Cristina.

Además, se dijo, de acuerdo a información requerida por la PGR mediante oficio, el militar tomó cuatro o cinco fotografías de lo ocurrido en la carretera y tres en el hospital. Por lo anterior, el Pleno del INAI modificó la respuesta de la SEDENA y le instruyó a realizar una búsqueda exhaustiva de la información en todas las unidades administrativas competentes, entre las que no podrá omitir a la IX Región Militar, que se integra con la 35/a y 27/a Zonas Militares, así como al 27 Batallón de Infantería con sede en Iguala, Guerrero, y entregarla a la particular.