Por: Redacción/
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) llevará a cabo una Consulta Pública del 27 de agosto al 28 de septiembre con el propósito de identificar, a través del sitio web http://proyectos.inai.org.mx/plandai/, áreas de oportunidad en el proceso de construcción del “Plan Nacional de Socialización del Derecho de Acceso a la Información” -PlanDAI-.
El PlanDAI es una política pública que buscará construir una Red Nacional de Socialización del Derecho de Acceso a la Información mediante la integración de redes locales. Esto con el objetivo de incrementar el aprovechamiento del DAI por parte de la población.
Para lograr esto, se deberán formar y desplegar actores denominados “Facilitadores del DAI”. Ellos son la figura central de la política pública pues serán los encargados de la socialización de este derecho; es decir, se acercarán a la población objetivo con el propósito de cumplir con los compromisos y metas que cada Estado plantee en un Plan Local de Socialización.
El PlanDAI busca tanto detonar estrategias que amplíen el alcance e impacto del DAI, primordialmente en grupos sociales en situación vulnerable, como propiciar el uso estratégico de la información para alcanzar objetivos que mejoren la calidad de vida de las personas.
Con esto no sólo se podrán mejorar las estadísticas relacionadas con el conocimiento del DAI. Por ejemplo, el 50.6 por ciento de los mexicanos conoce de la existencia de leyes e instituciones que garantizan el derecho de acceso a la información, mientras que sólo el 5.6 por ciento ha realizado una solicitud de acceso a la información. También se generarán capacidades en la población para que la información pública le sea de utilidad para su vida cotidiana.
El PlanDAI es un esfuerzo de mediano y largo plazo que impulsará una nueva agenda de socialización de este derecho en México. Con miras a tener la mejor política pública posible, en la Consulta Pública podrán participar todos aquellos interesados; por ejemplo, organismos garantes locales de transparencia, sujetos obligados, académicos y expertos, así como el sector privado, organizaciones de la sociedad civil y la población en general.
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