Por: Redacción

En una democracia, los actos de espionaje son inadmisibles, afirmó el comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Francisco Javier Acuña Llamas.

Precisó que, si bien, durante la segunda sesión ordinaria del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) se consideró improcedente el exhorto, para solicitar al gobierno información sobre el presunto espionaje que sufrieron periodistas, defensores de derechos humanos y activistas, todos los integrantes reprobaron dicho acto y se pronunciaron porque se esclarezcan los hechos, a la brevedad posible, y se llegue hasta las últimas consecuencias.

Acuña Llamas explicó que la Ley General del SNA establece que el Comité de Participación Ciudadana podrá solicitar al Comité Coordinador la emisión de exhortos cuando algún hecho de corrupción requiera de aclaración pública.

Sin embargo, la mayoría de los integrantes del Comité Coordinador consideró que, en el caso concreto, el exhorto era improcedente porque el espionaje está tipificado en el Código Penal Federal como intervención de comunicaciones privadas y no como un acto de corrupción.

Javier Acuña detalló que la autoridad competente para solicitar la información sobre el hecho concreto y llevar a cabo la investigación correspondiente, en este caso, sería la Procuraduría General de la República (PGR).

Expuso que, si una vez concluida la indagatoria, se determinará que se trata de hechos relacionados con actos de corrupción, entonces el Comité Coordinador contaría con los elementos necesarios para emitir un exhorto y solicitar información a la instancia competente para la aclaración pública de los hechos, como lo establece la Ley General del SNA.

En tanto, el comisionado presidente confirmó que el INAI, en el marco de sus competencias y atribuciones, iniciará las investigaciones pertinentes, y en su caso, la verificación oficiosa en contra de las instancias públicas y privadas que resulten involucradas en la recolección y tratamiento de datos personales mediante uso de software malicioso, para determinar lo que en derecho proceda.

Reiteró el llamado a quienes sientan afectados su derecho a la protección de datos personales y a la vida privada a presentar su denuncia correspondiente ante este órgano garante y, de ser el caso, a aportar elementos que permitan enriquecer la investigación.