Por: Redacción

El diputado Abel Murrieta Gutiérrez (PRI), integrante de la Comisión de Justicia, afirmó que existen dos problemas graves en la implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio: la falta de capacitación de policías, y que las víctimas optan por no presentar denuncia.

Consideró que la formación que se dio a los elementos fue totalmente equivocada, además de que alrededor del 30 por ciento no entiende el nuevo Sistema y son destinados a otras tareas; una muestra, dijo, es que sus informes homologados no se realizan en el lugar del delito.

En reunión del Grupo de Trabajo encargado de evaluar y dar seguimiento al funcionamiento y operatividad del Sistema de Justicia Penal Acusatorio de la República mexicana, el legislador dijo que la mayor parte de los policías no están preparados, a pesar de los recursos que se invirtieron para ese fin y, en muchas ocasiones, no llegan a atender los reportes y las víctimas optan por no denunciar.

“Se nos dice que se ha preparado hasta al 98 por ciento de los policías, pero el problema es con qué eficacia”, manifestó.

Subrayó que hay un problema de impunidad que contrasta con las estadísticas que, si bien se muestran a la baja, es porque se miden equivocadamente. “Nos presentan información por volumen de trabajo, pero no se sabe de la calidad”.

“Nosotros como legisladores -expuso- debemos tener mayor información para plantear las reformas necesarias, pues hay una discusión sobre si lo que falla es de carácter legislativo o de ejecución. Lamento que las primeras percepciones de la sociedad es que falla debido a la Cámara de Diputados”.

Alfredo Basurto Román, diputado de Morena, consideró que se debe trabajar con los estados que aún están rezagados en capacitación, principalmente de los abogados defensores públicos.

Resaltó la importancia de la preparación de los cuerpos policiacos, pues son parte imperante del proceso judicial y muchas veces ni siquiera saben cómo llenar sus informes.

El diputado José Hernán Cortés Berumen (PAN) estimó que el problema de la implementación del Sistema de Justicia también se debe a que muchas entidades del país no le dieron la importancia debida.

“Muchos esperaron hasta el final para crear o renovar su legislación local y hacer frente a la ejecución del sistema y eso generó conflictos”.

Por otro lado, comentó que se entiende que el nuevo Sistema privilegie el principio de inocencia, pero no se llega a una real determinación, por ejemplo, en casos de reincidencia. Por ello, el sabor de los ciudadanos es que el Sistema de Justicia no funciona y que es una “puerta giratoria” para los incriminados.

Lo anterior, continuó, genera la tentación de querer regresar el viejo sistema o hace entrar en conflicto a policías municipales con estatales o con la propia Fiscalía, genera una repartición de culpas sobre qué es lo que falla, y “en algunos estados voltean a ver a los diputados como si fuéramos los culpables de que esto no avance”.

Cuestionó si la fallida culminación tiene que ver con un ajuste legislativo o se está generando el conflicto por parte de todos los operadores del Sistema. “Entendemos que todo es perfectible y quizá esto requiera reformas de cuarta o quinta generación, pero creo que el problema real está en la ejecución en las entidades federativas”.

Víctor Manuel Sánchez Orozco, de Movimiento Ciudadano, subrayó que es claro que hay un problema de funcionamiento y no se ve cómo el gobierno federal impulsará que los estados rezagados alcancen el cumplimiento del Sistema de Justicia.

Estimó que se debió trabajar fuertemente con las entidades para que cerca de la fecha fatal de la entrada en vigor del Sistema, todos estuvieran encaminados. “Es un absurdo que casi un año después, muchas entidades no tengan, incluso, lo más esencial, que es la homologación legislativa”.