Por: Redacción

La diputada Melissa Torres Sandoval (PES) impulsa reformas a siete leyes administrativas que regulan a organismos financieros, a fin de abatir y prevenir el robo o usurpación de identidad, delito que ha aumentado en 518 por ciento en los últimos cinco años.

La secretaria de la Comisión de Seguridad Pública argumentó, en una iniciativa presentada ante la Comisión Permanente, que el número de reclamaciones por esta falta se incrementó de cuatro mil 564 en 2011 a 28 mil 458 en 2015, de acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).

El quebranto económico provocado por robo de identidad registró un alza del 686 por ciento de 2011 a 2015. El monto de los reclamos el año pasado llegó a los 118 millones de pesos, mientras que hace cinco años fue únicamente de 15 millones de pesos, subrayó.

Por ello, propuso reformas y adiciones a diversas disposiciones que regulan a las entidades financieras para “establecer la obligación de adoptar las medidas necesarias para prevenir y evitar la usurpación de identidad de sus clientes y usuarios”.

Además de “facultar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, para que en el ámbito de sus respectivas competencias, emitan las disposiciones de carácter general que establezcan las medidas mínimas que deben cumplir para evitar el robo de identidad, previo a la contratación de productos y servicios financieros con sus clientes”, detalló.

La legisladora propuso modificaciones a las leyes de Instituciones de Crédito; del Mercado de Valores; General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito; de Uniones de Crédito; de Fondos de Inversión; de Ahorro y Crédito Popular, y para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo.

De esta forma, se logrará prevenir esta actividad, tipificada como delito sólo en la Ciudad de México; sin embargo, a nivel federal no existe esta figura, ya que se sanciona como fraude genérico. Tampoco a nivel administrativo existen específicamente normas que prevengan estas conductas aplicables a las entidades financieras, destacó.

Sostuvo que las actuales obligaciones en materia de conocimiento del cliente, a cargo de las entidades financieras, previstas en las diversas leyes que las regulan y las disposiciones emitidas por la SHCP, resultan insuficientes para prevenir la usurpación de identidad, ya que dichas medidas fueron establecidas para combatir una problemática diferente, como prevenir el lavado de dinero que atienden operaciones y montos determinados.

Sin embargo, explicó, la usurpación de identidad se comete frecuentemente en la contratación de líneas de crédito por cantidades menores; por lo cual, la documentación que se solicita, la integración de dichas cuentas y los usuarios que las tramitan, no son objeto ni sujeto de una verificación exhaustiva, o por lo menos razonable, por parte de las instituciones financieras.

El aumento de los casos de robo de identidad exige darle continuidad y formalidad legislativa para proteger a los usuarios de servicios financieros, ajustando el marco jurídico aplicable a las instituciones que los ofrecen, con el propósito de que establezcan mayores medidas de seguridad en el otorgamiento de créditos y apertura de cuentas, que estén específicamente dirigidas a prevenir este problema, recomendó.

Las medidas incluirían visitas al domicilio del cliente, corroboración de información financiera con otro organismo y verificación de identificaciones (a través del portal del Instituto Nacional Electoral).

Además, que las autoridades supervisoras pongan mayor énfasis en la revisión del cumplimiento de las obligaciones en materia de identificación de clientes, por parte de las instituciones financieras, señaló.

Torres Sandoval explicó que en muchos casos el organismo bancario no resuelve a favor de la víctima del robo de identidad, la cual debe acudir a otras vías, como un juicio en contra del organismo bancario o, bien, pagar de su patrimonio el monto defraudado.

Refirió que, de acuerdo con la Condusef, en 2015 las instituciones financieras abonaron a los usuarios afectados sólo 69 millones de pesos, equivalente al 58 por ciento del monto total reclamado -118 millones de pesos-, por lo que las personas afectadas por este delito tuvieron que pagar 49 millones de pesos.