Por: Redacción

La diputada María Luisa Beltrán Reyes, del GPPRD, presentó una iniciativa para reformar la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, con el objetivo de mejorar el derecho de educación de los menores migrantes e hijos de trabajadores migrantes, dentro del territorio mexicano.

La propuesta –inscrita en la Comisión Permanente- fue turnada a la Comisión de los Derechos de la Niñez de la Cámara de Diputados.

La diputada sostuvo que uno de los retos más difíciles continúa siendo la calidad educativa; considerando que no todos los niños y adolescentes tienen acceso a ella, lo que se complica todavía más cuando -de acuerdo con el estudio más reciente del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE)- el sector indígena es el que más reciente la falta de acceso y rezago educativo.

Datos señalan que casi 8 millones de niñas, niños y adolescentes de nuestro país pertenecen al sector indígena. En 2014, la tasa de analfabetismo entre indígenas de 15 o más años, fue tres veces mayor a la de la población ajena a este sector: 19.3%, contra 6.3%; además, la población indígena apenas tuvo 6.7 años de escolaridad, contra el promedio nacional, que fue de 8.9.

“No podemos dejar de lado que uno de los factores de alto impacto tiene que ver con la migración, en la búsqueda de mejores oportunidades de sobrevivencia, de comunidades en condiciones de pobreza, pobreza extrema y, en no pocos casos, miseria, condiciones que hacen de estas comunidades expulsoras permanentes de migrantes hacia distintos puntos de la República”, detalló la legisladora, quien además denunció que la crisis de inseguridad, se ha recrudecido en las áreas rurales.

Beltrán Reyes detalló que en Sinaloa; por ejemplo, existen varios planos por investigar para conocer las razones de la desigualdad educativa, el acceso a las aulas, la permanencia y el aprovechamiento: el jurídico, el político-ético, el socioeconómico y el educativo.

En diversos foros, Sylvia Schmelkes consejera presidenta del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), apuntó que si bien nuestro país no cuenta con un número preciso de niñas, niños y adolescentes jornaleros e hijos de jornaleros y obreros migrantes, la cifra aproximada es de 400 mil, de los cuales el 50% corresponde al sector indígena, con más riesgo de vulnerabilidad si tomamos en cuenta la arraigada cultura de la discriminación.

La legisladora perredista propuso modificaciones a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, con el objetivo de que esté contemplado en la norma nacional, el esfuerzo a que están obligadas las autoridades -teniendo como meta general acudir al rescate de los sectores más vulnerables- para allegarles todas las facilidades posibles, a fin de que accedan al conocimiento básico; haciendo menos complicados aquellos obstáculos como la pobreza, la discriminación y su condición migratoria por motivos laborales.