Por: Redacción/

La diputada Ruth Salinas Reyes, de Movimiento Ciudadano, presentó una iniciativa con proyecto de decreto para adicionar un último párrafo a la fracción I del artículo 79 de la Constitución Política, para establecer en la Constitución Política que la Auditoría Superior de la Federación pueda revisar, sin denuncia previa, los recursos federales utilizados en adjudicaciones directas durante el ejercicio fiscal en curso, para convertirla en un instrumento eficaz en el combate contra la corrupción.

En su propuesta, también señaló que el órgano fiscalizador deberá rendir un informe específico a la Cámara de Diputados y, en su caso, promoverá las acciones que correspondan ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción o las autoridades competentes.

La legisladora de MC recordó que la ASF es un ente con autonomía técnica y de gestión para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones, misma que podrá iniciar el proceso de fiscalización en forma posterior, es decir, a partir del primer día hábil del ejercicio fiscal siguiente.

Ello da cuenta, apuntó, que el órgano fiscalizador no cuenta con la facultad de auditar, por si misma, los recursos públicos durante el ejercicio fiscal en curso; aunque el citado artículo constitucional establece una excepción para que puede revisar el uso de los recursos públicos durante el ejercicio fiscal en curso y de los ejercicios anteriores, sólo mediante denuncias y previa autorización de su titular.

Señaló que en los últimos años la adjudicación directa ha sido el proceso de contratación más utilizado en el país, la cual es un procedimiento por excepción y, a diferencia de la licitación pública, funciona escogiendo al proveedor o empresa que se quiera contratar; es decir, no existe competencia y los licitantes son elegidos o predeterminados. Actualmente, el 81.7 por ciento de los contratos son por esa vía y la licitación pública ha sido relegada, añadió.

La diputada Ruth Salinas Reyes insistió en que a través de su iniciativa se pude establecer en la Constitución que la ASF, previa autorización de su titular, pueda revisar durante el ejercicio fiscal en curso los recursos federales utilizados en adjudicaciones directas y, con ello, dar certeza a la ciudadanía de que los recursos públicos son destinados para satisfacer sus necesidades; además de convertirla en un instrumento eficaz en el combate contra la corrupción y las malas prácticas gubernamentales.

La propuesta fue turnada, de manera directa para estudio y dictamen, a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.