• Busca una estrecha y armónica colaboración en la labor educativa, que la pluralidad y diversidad de pensamiento no sea motivo de exclusión o discriminación, señala el diputado Torres Ramírez. 

Por: Redacción/

Con propósito de que los padres de familia o tutores tengan el derecho a decidir sobre la educación de sus hijas e hijos menores de dieciocho años, con base en sus principios éticos y convicciones, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional, en voz del diputado Adolfo Torres Ramírez, propuso en la Comisión Permanente modificar el artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

En la Iniciativa, el legislador del PAN señaló que los padres de familia son los que tienen el derecho a la educación de sus hijos y, por lo cual, tienen la obligación de vigilar su formación integral en congruencia con los fines educativos que persiguen. 

Con este decreto, explicó, se pretende que entre los padres de familia y el Estado, a través de las autoridades competentes, se establezca una estrecha y armónica colaboración en la labor educativa y que la pluralidad y diversidad de pensamiento de los mexicanos, no sea motivo de exclusión o discriminación. 

Al aclarar que aún no se cuenta con una legislación al respecto, indicó que el GPPAN en la Cámara de Diputados plantea adicionar un nuevo párrafo segundo al artículo 3º de la Constitución. 

Con ello, dijo, el Estado mexicano debe cumplir su obligación subsidiaria de proporcionar educación a niños y jóvenes en edad escolar, ya que no se puede sustituir el papel originario y primordial que tienen los padres de familia a educar a sus hijos, de decidir el tipo de educación que desean y de participar activamente en su formación integral. 

Torres Ramírez refirió que la pandemia nos obligó a transitar rápidamente a la educción a distancia, en donde niñas, niños, jóvenes y la comunidad estudiantil, toman clases en línea desde casa, y los padres de familia ahora están más atentos a la enseñanza de sus hijas e hijos. 

El proyecto de decreto fue turnado directamente a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, para su estudio y análisis.