• “Se trata de una lucha conjunta para atender un tema prioritario de salud pública”, asegura Sánchez Cordero

Por: Redacción/

En el Senado de la República se llevó a cabo el foro donde se analiza la creación del Plan Nacional de Prevención y Control Integral de Cáncer, así como la política pública que se requiere para frenar esta “pandemia silenciosa”, que en nuestro país representa la tercera causa de muerte.

La presidenta de la Mesa Directiva, Olga Sánchez Cordero, afirmó que la lucha contra el cáncer tiene que ser una causa conjunta, “sin tintes partidistas”, que debe ser abordada con la convicción de servicio, para orientar los cambios que se requieran y contar con mejores herramientas interinstitucionales para su tratamiento.

Sánchez Cordero dijo que esta enfermedad, en sus distintos tipos, es un tema prioritario de salud pública, pues sólo en 2020 fue responsable de 90 mil 603 defunciones en México y durante la última década no se ha podido frenar su tasa de mortandad.

Ante este reto, uno de los mejores escenarios es la detección temprana, pero, a pesar de los esfuerzos institucionales, por lo general sólo entre 45 y 30 por ciento de los casos se detectan a tiempo.

Por ello, celebró que el Senado de la República realice este tipo de foros, para escuchar la experiencia y perspectiva de más de 28 expertas y expertos en torno a los beneficios que podría tener un eventual Plan Nacional de Prevención y Control Integral del Cáncer.

La presidenta de la Comisión de Salud, Lilia Margarita Valdez Martínez, destacó la importancia del diagnóstico temprano, pues actualmente pasan de tres a seis meses para que una institución diagnostique a un paciente con esta enfermedad.

Dio a conocer que se trabaja una iniciativa para que, cuando se sospeche que alguien tiene cáncer, del tipo que sea, las instituciones cuenten con un protocolo para que determinen, en no más de 10 días, si es así o no.

El senador Miguel Ángel Mancera Espinosa refrendó el compromiso del PRD para que México cuente con un plan de atención y prevención del cáncer, así como para establecer una política nacional concisa que permita enfrentar a esta “pandemia silenciosa”, que en nuestro país es la tercera causa de muerte.

Señaló que el cáncer afecta a 14 de cada 100 mexicanos; “nadie tiene la vida comprada, nos lo decían una y otra vez nuestros padres, nuestros abuelos, y esto cobra mucha más relevancia cuando pensamos precisamente en este padecimiento”.

Mancera Espinosa advirtió que se estima que una de cada tres personas tendrá diagnóstico positivo de cáncer para 2025, una cifra que es alarmante, “y por eso es urgente que pongamos manos a la obra en estas tareas que aquí se han reiterado en muchas ocasiones y que van dirigidas a la prevención”.

El presidente de la Fundación Cáncer Warriors de México, Kenji López Cuevas, destacó que diagnóstico no es destino; pero un diagnóstico tardío representa inequidad en el acceso a los servicios de salud, ausencia de tratamiento integral; además, la falta de presupuesto para la atención del cáncer significa una sentencia fatal.

Dijo que México transita por la ruta correcta para la concreción definitiva, consensuada y sectorialmente articulada de una Ley General para el Cáncer, como el marco normativo que regulará la acción pública en México para la atención de dicho padecimiento, pero también para materializar el Plan Nacional de Prevención y Control Integral de Cáncer.

Rafael Medrano Guzmán, director del Hospital de Oncología del Centro Médico Siglo XXI, subrayó que en la tarea de combatir al cáncer lo más importante son las familias y “tenemos la oportunidad increíble de poder mejorar nuestra visión con nuestros pacientes”.

Federico Maldonado Lagos, vicepresidente de la Sociedad Mexicana de Radioterapia, explicó que, a diferencia de otros padecimientos, el cáncer no respeta edad, género ni estrato social. “Desafortunadamente, menos del 20 por ciento de los casos son prevenibles, por lo que un diagnóstico temprano puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte”.

La evolución sin un tratamiento adecuado, advirtió, implica sufrimiento, daño económico e incapacidad para el desarrollo de las actividades cotidianas de un paciente que sufre esta enfermedad, pero no sólo de él, sino también de su familia o de aquellas que desempeñan el papel de cuidador primario.