Por: Redacción/

El Grupo Parlamentario de PRD presentó una iniciativa para reformar la Ley General de Educación, con el objetivo de lograr un mayor acercamiento entre el gobierno y los Consejos Escolares de Participación Social (CEPS), para impulsar la colaboración y corresponsabilidad de los actores en el mejoramiento para el logro de los propósitos educativos y la formación integral de los estudiantes.

Dicho documento reforma  la fracción VII del artículo 65 y adiciona un segundo párrafo al artículo 68 de la Ley General de Educación, indicaron las y los legisladores perredistas.

Apuntaron que dicha iniciativa se centra en uno de los mecanismos de diseño de políticas sociales en materia educativa, los CEPS, ya que por un lado, “en éstos se coordinan los propósitos y esfuerzos de autoridades educativas, directivos, maestros, representantes sindicales, padres de familia y otros miembros de la comunidad”.

Por el otro, añadieron impulsan la colaboración y corresponsabilidad de los actores en el mejoramiento permanente de su desempeño para el logro de los propósitos educativos y la formación integral de los estudiantes.

Refirieron que con base en el segundo párrafo del artículo 69 de la Ley General de Educación, el CEPS se integra con los padres y madres de familia y representantes de sus asociaciones, maestros y representantes de su organización sindical, directivos de la escuela, exalumnos, así como miembros de la comunidad interesados en el desarrollo de la propia escuela.

“Conocer la plantilla de docentes de manera actualizada y completa permitirá que los integrantes de las CEPS para que estén en mejores condiciones para tomar de decisiones, por ejemplo, en la planeación escolar para identificar las acciones que atiendan a la calidad educativa, como es el caso de las asignaturas que obtienen bajos resultados educativos”, comentaron.

En el documento se precisa que las autoridades educativas estatales entregarán a los Consejos de Participación Social al inicio y a la mitad del ciclo escolar, la relación oficial del personal docente y empleados que labora en cada uno de los planteles.

Agregaron al inicio de cada ciclo escolar y a la mitad de éstos se debe recibir la relación oficial del personal docente y empleados adscritos en la escuela en la que estén inscritos sus hijos o pupilos, misma que será proporcionada por la autoridad escolar.

Recordaron que a partir de la revisión de la Cuenta Pública 2016, la Auditoria Superior de la Federación (ASF) realizó una serie de recomendaciones legislativas sustentadas en una serie de auditorías relativas a la participación social. “Una de ellas señala que la información relativa de la plantilla de docentes que labora en cada uno de los planteles debe ser conocida por las CEPS correspondientes”.

En este sentido, refirieron que  la ASF ha señalado que “es fundamental el impulso y fortalecimiento de la participación social, cuya influencia trasciende el ámbito de la eficiencia y transparencia de los programas públicos y sus acciones, y se extiende en general al avance del proceso democrático”.

“Es importante señalar que en el ámbito de las políticas sociales, esta forma de inclusión de la ciudadanía es necesaria para otorgar eficacia y eficiencia a la acción social del Estado, como lo es en el rubro de la educación. Es decir, la ciudadanía es incluida en los procesos de diseño y adopción de políticas sociales para obtener mejores resultados que permitan avanzar en el acercamiento entre el gobierno y los órganos de participación ciudadana sobre la calidad de los servicios educativos”, concluyeron