Por: Redacción/
El coordinador de los diputados del PES, Alejandro González Murillo, informó que presentó una iniciativa para reformar el artículo 16 constitucional, a fin de garantizar a toda persona el derecho a la presunción de inocencia.
“Resulta pertinente que, tan alto principio, sea reconocido en nuestra Carta Magna para ser aplicable, no sólo a favor de la persona imputada, en el ámbito jurisdiccional-penal, sino, por mayoría de razón, a toda persona, tanto en el ámbito jurisdiccional y/o administrativo, así como fuera de ellos”, indicó en un comunicado.
Afirmó que el principio de presunción de inocencia es un derecho que le asiste a la persona imputada, es decir, a quien ha sido señalado como responsable de la comisión de un delito; sin embargo, “ha sido soslayado y en el peor de los casos despreciado en tiempos recientes, con la turbulencia política”.
El líder parlamentario llamó a la reconciliación nacional y a legislar para construir un México en el que sea una vivencia cotidiana, el reconocimiento a los más elementales principios del debido proceso, como la presunción de inocencia, la carga de la prueba y el derecho al honor, la reputación y el buen nombre.
Así como no ser molestado sino mediante procedimientos y previa emisión de órdenes jurisdiccionales apegados a derecho.
Explicó que actualmente la Constitución Política contempla en su artículo 20, apartado B, como el primero de los derechos de toda persona imputada, aquel que presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa.
Añadió que también el Código Nacional de Procedimientos Penales prevé dentro de su título segundo, “Principios y Derechos de Procedimiento”, el principio de presunción de inocencia, que a la letra dice:
“Toda persona se presume inocente y será tratada como tal en todas las etapas del procedimiento, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el órgano jurisdiccional, en los términos señalados en este Código”.
González Murillo insistió en que el principio de presunción de inocencia debe beneficiar a todos los ciudadanos por igual.
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