Por Roberto Barco Celis

La diputada local Lourdes Valdez Cuevas presentó un paquete de iniciativas legislativas que buscan mantener equilibrio entre la preservación ecológica, el aprovechamiento de los recursos naturales y la búsqueda de un desarrollo económico sustentable para nuestra capital.

“Lo que buscamos es armonizar el marco jurídico local aplicable en la Ciudad de México a través de políticas públicas adecuadas que puedan contener violaciones al medio ambiente”.

“Es claro que existen tareas pendientes y retos a corto, mediano y largo plazo: los árboles que nos dan oxígeno en las áreas verdes en suelo urbano están infectados de plaga, principalmente muérdago y gusano barrenador; la tala ilegal en suelo de conservación alcanza niveles de impunidad y la tala legal parece no tener criterios claros”.

La legisladora agregó que las zonas chinamperas son utilizadas como tiradero de cascajo y los verificentros se han convertido en “cunas de la corrupción ambiental”.

Desde tribuna, expuso la urgencia por reconocer como problemática real, la mala calidad del agua, la sobreexplotación del acuífero, la contaminación atmosférica, la gestión de los residuos sólidos urbanos, la degradación del suelo, el agotamiento de los recursos forestales, la pérdida de biodiversidad, la tala de más de 20 mil árboles en suelo urbano bajo criterios supuestamente legales.

Actualmente, y a pesar del amplio reconocimiento de los beneficios que los servicios ecosistémicos aportan a los habitantes de la Ciudad de México, anualmente se pierden entre 150 y 200 hectáreas de bosques y zonas agrícolas, principalmente por el avance de la mancha urbana.

Es en tal sentido, las reformas que se proponen destacan aquellas de técnica legislativa, relativas a la secuencia correcta del articulado y la enumeración precisa de las fracciones; se suprimen las contradicciones legales y se propone la eliminación de disposiciones y conceptos que adolecen de supuestos jurídicos, así como de aquellas disposiciones declarativas, que no engendran derechos ni obligación alguna.

Lo anterior, a fin de garantizar el respeto a la tierra, conservar y restaurar el equilibrio ecológico, promover y establecer el ámbito de participación ciudadana individual y colectiva en el desarrollo sustentable y de gestión ambiental.

“Por sí sola, una ley no puede modificar la realidad; necesita de voluntad política, de recursos, de concurrencia de actores y sectores sociales y la difusión clara de un mensaje y resultados creíbles”, finalizó.