En nombre del grupo parlamentario del PRI, el diputado Braulio Antonio Álvarez Jasso propuso reformas a la Ley de Ingresos del Estado de México para que la persona titular del Ejecutivo estatal, por medio de la Secretaría de Finanzas, autorice la realización de campañas de regularización de vehículos con placas de otras entidades federativas, así como la otorgación de subsidios al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos.
La iniciativa plantea campañas de regularización fiscal para que las personas físicas y las jurídico colectivas propietarias, tenedoras o usuarias de vehículos cuyo valor factura no exceda de 600 mil pesos, durante el ejercicio fiscal 2024 y anteriores, que realizaron trámites para la obtención de placas en otras entidades federativas, puedan llevar a cabo sus trámites de registro y emplacamiento en el Estado de México, así como la condonación de adeudos por cambio de propietario, sin multas o recargo.
Así como un subsidio de 100 por ciento del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos a favor de personas físicas y jurídico colectivas propietarias, tenedoras o usuarias de los vehículos que estén inscritos en el Registro Estatal de Vehículos, cuyo valor factura no exceda de 600 mil pesos, así como de motocicletas cuyo valor factura no exceda de 150 mil pesos durante el ejercicio fiscal 2024, monto que se incrementará anualmente, atendiendo al índice nacional de precios que registren los vehículos en la entidad.
La propuesta, que analizarán las comisiones de Planeación y Gasto Público y de Finanzas Públicas, indica que esta última bonificación aplicará durante los primeros tres meses del año, la cual quedará sujeta a las reglas de carácter general que para tal efecto emita y publique la Secretaría de Finanzas en el Periódico Oficial Gaceta del Gobierno.
Ante Víctor Mena Meneses y Gustavo Guadarrama Bernal, presidente y director general de la Asociación de Distribuidores de Automotores del Estado de México, el legislador señaló que entre los beneficios de la iniciativa destacan el generar mayores ventas para las agencias de vehículos y una mayor derrama económica para la entidad; reducir la carga contributiva en beneficio de las familias mexiquenses.
También, evitar que los cobros derivados por la adquisición de automóviles emigren hacia otras entidades, cuyo marco de actuación fiscal sea más flexible; y que el Estado capte ingresos por concepto de refrendo y verificación vehicular para mantener una fuente de ingresos estable que le permita cumplir con sus funciones.
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