Por: MUGS / Redaccion
El senador Alejandro Encinas Rodríguez expresó su respaldo a una iniciativa ciudadana para crear el Código Nacional de Justicia Penal para Adolescentes, la cual tiene el objetivo de unificar los procedimientos a los que son sometidos los adolescentes en conflicto con la ley.
La propuesta también busca garantizar el respeto a los principios del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, así como los derechos de las personas adolescentes y de las víctimas.
Además de generar mecanismos para lograr la reinserción de la integración social y familiar de las personas adolescentes de manera exitosa, y que permita disminuir la incidencia delictiva.
Al manifestar su aval a la propuesta elaborada y promovida por diversas organizaciones de la sociedad civil y con observaciones del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal y la UNICEF México, Encinas Rodríguez recordó que desde junio de 2015 el Congreso está facultado para expedir la legislación única procedimental en la materia.
El presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, apuntó que en la reforma constitucional a los artículos 18 y 73 constitucionales se estableció con precisión que dicha legislación deberá emitirse en un plazo de 180 días naturales, los cuales se cumplen el próximo 30 de diciembre.
Por esa razón, organizaciones como Institución Renace, la Fundación Mexicana de la Integración Social, REINTEGRA, A.C., el Instituto de Justicia Procesal Penal; la Red por los Derechos de la Infancia en México; Cauce Ciudadano y el Centro de Colaboración Cívica solicitaron que se promueva su iniciativa cumpliendo los requisitos procedimentales dentro del Senado de la República y que inicie su proceso de dictamen.
Alejandro Encinas agregó que esta iniciativa tendrá que discutirse y dictaminarse en conjunto con otras propuestas que ya han sido presentadas sobre la materia y expresó su deseo de que se pueda lograr el consenso dentro del Senado de la República y posteriormente en la Cámara de los Diputados.
De tal manera que se dé “satisfacción a una preocupación, a un fenómeno social grave que caracteriza a nuestro país, que es no solamente insuficiente, sino también discriminatoria la forma en que se imparte justicia para los jóvenes de nuestro país”, concluyó.
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