Por: Redacción

El diputado Clemente Castañeda Hoeflich (MC) impulsa una iniciativa de reforma al artículo 2 de la Constitución Política, a fin de que los pueblos y las comunidades indígenas sean reconocidos como sujetos de derecho público, pues actualmente sólo son entidades de interés público, de acuerdo con la Carta Magna.

Precisó que la modificación permitirá establecer la personalidad jurídica y patrimonio propios de estas comunidades, así como su libre determinación a autogobernarse y decidir sobre su vida presente y futura.

La iniciativa, que se envió a la Comisión de Puntos Constitucionales para su análisis, precisa que la Federación, estados y municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, reconocerán a las autoridades indígenas elegidas por las mismas comunidades, como interlocutores para el desarrollo de las funciones de gobierno.

En coordinación con las autoridades municipales, determinarán equitativamente las asignaciones presupuestales que administrarán para sus fines específicos; tendrán derecho y obligación de participar en la planeación, programación y evaluación de las políticas públicas y los programas de gobierno, en coordinación con los funcionarios competentes.

Castañeda Hoeflich expresó que algunas entidades federativas ya reconocen a los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público, entre ellas: San Luis Potosí y Oaxaca; sin embargo, “aún existe un vacío normativo que perjudica la capacidad de ejercer sus derechos”.

Explicó que concebir a los pueblos indígenas como sujetos de derecho implicará que dejen de ser considerados como un objeto pasivo que requiere la atención y el interés de las autoridades públicas para pasar a acceder al ejercicio de sus derechos colectivos.

“De esta manera, podrán actuar, decidir y conducirse como pueblos con una personalidad colectiva y con base en sus propias aspiraciones, estructura organizativa y territorial, fortaleciendo así su identidad y cultura”, sustentó.

Enfatizó que este reconocimiento de las comunidades indígenas como sujetos de derecho permitirá que cuenten con instrumentos jurídicos necesarios para ejercer plenamente su autonomía y sus derechos económicos, sociales y culturales, siendo parte del Estado nación.

En el mismo contexto, agregó, el considerar a estas comunidades como sujetos de derecho se relaciona con el ejercicio democrático del poder, ya que podrán participar como iguales e integrantes del Estado con derechos y obligaciones en la construcción de un modelo de vida acorde a sus necesidades.