Por: Redacción/

Debido a que las actividades que se llevan a cabo a través de la economía digital están entre las más contaminantes, sería recomendable la aplicación de un impuesto ambiental (o especial) al tráfico de datos a través del Internet, señala una investigación publicada por la Dirección General de Finanzas del Instituto Belisario Domínguez (IBD). 

El estudio titulado “Impuestos ambientales en México y experiencias internacionales”, elaborado por el investigador Javier Galán Figueroa, explica que este tipo de impuestos, además de recaudar ingresos públicos, permitirán al gobierno crear conciencia entre la población sobre los efectos adversos del cambio climático y, de esta manera, se integre para revertir el desgaste y la contaminación ambiental. 

La investigación refiere que, ante el incremento significativo del deterioro ambiental y al fracaso de los acuerdos internacionales para que los países reduzcan las emisiones de los gases de efecto invernadero, las economías con mayor desarrollo han impulsado reformas fiscales con sentido ambiental.

El documento advierte que cualquier reforma fiscal que se lleve a cabo y que incorpore impuestos ambientales, debe estar diseñada de manera óptima, a fin de no generar distorsiones que pongan en riesgo los equilibrios macroeconómicos. Esta reforma debería considerar una estructura tributaria que favorezca el sano desempeño de las actividades económicas.

En ese sentido, el estudio apunta que, entre los instrumentos económicos para enfrentar los efectos de la contaminación y el cambio climático, los impuestos ambientales son eficientes, dinámicos y flexibles pues se encuentran sustentados en incentivos a través del sistema de precios de mercado.

El estudio estima que el monto potencial del impuesto al tráfico de datos de Internet (dependiendo de su tasa) podría llegar a representar desde el 18 al 84 por ciento del IVA de 2018. Esto indica que el uso de este impuesto podría ayudar al gobierno en recaudar un monto considerable de recursos para financiar los programas ambientales sin quitar o distraer recursos de aquellos programas sociales que son prioritarios para la sociedad.