Por: Redacción/

Mediante un punto de acuerdo, la senadora María Guadalupe Covarrubias Cervantes, del Grupo Parlamentario Morena, solicitó exhortar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a los Tribunales Superiores de Justicia en los estados a establecer e implementar protocolo de actuación para los impartidores de justicia, en materia de delitos sexuales.

La legisladora indicó que la violencia en México ha aumentado durante años. Los delitos más cometidos, son contra la libertad y el normal desarrollo psicosexual como el hostigamiento y abuso sexual, estupro y violación. En nuestro país se ha convertido en una práctica cotidiana, abundó.

La media nacional en 2018, publicada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública, fue de 12.29 violaciones denunciadas por cada 100 mil habitantes, mientras que, en 2019, se registró una media de 13.53, lo que significa un incremento de 1.24.

En materia de atención a víctimas, agregó, no se ha logrado otorgar una protección adecuado debido a que las y los encargados de impartir justicia en México no han sido capacitados ni sensibilizados para atender de forma eficiente y humana en apego a los estándares internacionales.

La problemática social que generan este tipo de quebrantamientos dijo, requiere de una resolución rápida y efectiva que atienda con respecto a los derechos humanos.

La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, indica que, en 2018, 88.4 por ciento de mujeres violentadas no solicitaron apoyo a instituciones ni presentaron quejas o denuncias.

Lo anterior, dijo, Covarrubias Cervantes es porque que las y los mexicanos tienen una profunda desconfianza en el proceso de denuncia, donde muchas veces son revictimizados y presas de prejuicios.

A decir de la senadora de Morena es indispensable contar con herramientas necesarias para combatir este tipo de delito, prevenir y proteger a la población.

El punto de acuerdo que se turnó a la Comisión de Justicia exhorta también al Consejo de la Judicatura Federal y sus similares en las entidades, para que establezcan programas de capacitación para servidores públicos que atienen a víctimas por delitos sexuales.