Por: Redacción/

Durante las Audiencias Públicas de Parlamento Abierto para la creación del Instituto de Salud para el Bienestar, la subsecretaria de Integración y Desarrollo del Sector Salud, Asa Ebba Christina Laurell, dijo que el papel de la Secretaría de Salud como rectora del sector se mantendrá íntegro, y coordinará de la manera más eficiente la construcción de inmuebles y equipamiento, para garantizar un uso óptimo y racional.

En el evento, organizado por la Comisión de Salud, que preside la diputada Miroslava Sánchez Galván (Morena), la funcionaria aseguró que se impulsará una clara planeación estratégica nacional, porque ha habido mucha ineficiencia, a fin de cerrar los espacios de la corrupción.

“Se ha detectado una construcción irracional y no planeada. Tenemos que coordinar de la manera más eficiente la edificación y equipamiento”, agregó.

Resaltó la necesidad de fortalecer la atención de primer nivel en un modelo integrado donde participe la comunidad, con el propósito de alentar una colaboración transversal con la población, las distintas instituciones públicas, el municipio y sector educativo.

Sobre el precio del nuevo modelo de salud, dijo que están conscientes que la propuesta va a tener un costo creciente, por ello trabajan de cerca con la Secretaría de Hacienda para definir cómo acceder a recursos en un marco de transparencia, evaluación sistemática y utilización.

Señaló que la integración de servicios de salud es un proceso gradual que fortalecerá los beneficios a la población abierta. Refirió que los institutos Mexicano del Seguro Social, el de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y el de Bienestar para la Salud, serán confluyentes y trabajarán conjuntamente en el primer nivel de atención; se contará con el hospital universal, para todos los usuarios, independientemente de que tengan seguridad social o no.

En la Mesa 3, “Acceso y Gratuidad a Servicios de Salud, Integración y Financiamiento”, subrayó que se garantizan recursos federales para estados y se mantiene un fondo correspondiente al 11 por ciento sobre el total del presupuesto; el incremento será gradual y nunca menor al del año anterior.

Asimismo, explicó que para conocer los costos de mantenimiento, infraestructura, mobiliario, insumos, instrumental, equipo y personal faltante, se realizará un censo estratégico, de manera que se tenga un monto preciso de la mejora escalonada.

Angélica Ivonne Cisneros Luján, titular de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, manifestó su apoyo a la iniciativa para crear el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), que permitirá hacer realidad el derecho constitucional y efectivo a la salud, y plantea una política sustentada en financiamiento solidario, progresivo, con incrementos durante el sexenio y cuya fuente será el crecimiento económico nacional, así como la correcta utilización de los recursos.

Esa política, dijo, estará conducida por la Secretaría de Salud, con apoyo del Instituto de Salud para el Bienestar, que será, paulatinamente, la instancia prestadora de servicios a nivel nacional y asumirá, en un proceso progresivo y gradual, los servicios en las entidades federativas.

Además, administrará los recursos que asigne la Cámara de Diputados para atender a la población sin seguridad social, evitando la separación de funciones entre financiador y prestador de servicios y coadyuvará a crear un sistema de calidad, que tenga como eje rector la salud, su promoción, educación, prevención y seguridad.

Precisó que continuará la atención de padecimientos que actualmente cubre el Seguro Popular. De aprobarse la iniciativa se creará un sistema de servicios y medicamentos gratuitos coordinado por la nueva institución, que estará en comunidades indígenas, rurales y urbanas de alta marginación, a fin de atender sus necesidades sin exclusión”.

Además, incrementará el acceso de la población sin seguridad social y se articularán acciones de salud colectiva, fortaleciendo programas intersectoriales, calidad de la atención, profesionalización y estabilidad del personal de salud, participación ciudadana y procesos de rendición de cuentas.

Omar Antonio Nicolás Tovar Ornelas, director general de Programación y Presupuesto “A” en la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), precisó que para lograr la cobertura universal es necesario tomar decisiones en tres dimensiones: a quiénes se les dará, con qué protección financiera y cuáles servicios financiar.

La creación del Instituto de Salud para el Bienestar considera mayor colaboración entre la Federación y los estados, y eficiencia en el ejercicio de los recursos presupuestados por las entidades.

Además, tendrá un papel importante para lograr el acceso a los servicios de salud y medicamentos gratuitos; sin embargo, se debe cuidar, en todo momento, los niveles de gastos requeridos, el marco normativo actual y las modificaciones reglamentarias para su actuación, las cuales están sujetas a las autorizaciones del Congreso de la Unión.

El secretario técnico del Consejo de Salubridad General, José Alberto Gómez Rodríguez, expresó que lograr mayor equidad en el acceso a medicamentos, sobre todo en la población que no cuenta con seguridad, representa uno de los mayores retos del sistema de salud en México, y para afrontarlo es necesario realizar cambios profundos.

Mencionó que las compras de fármacos se realizaban sin considerar suficientes criterios de calidad, seguridad y eficacia. En esta nueva administración, dijo, el Consejo de Salubridad General desde hace siete meses se ha abocado a este trabajo, ya que es la única autoridad sanitaria facultada para priorizar los insumos que debe comprar o adquirir el Sistema de Salud; ha realizado acciones para transformar el cuadro básico, “que hoy es insuficiente y obsoleto”.

El Compendio Nacional de Insumos, indicó, permitirá facilitar y eficientar el acceso de los medicamentos a la población que no cuenta con seguridad social. “Hoy se tiene la oportunidad de crear una nueva institución que velará por la salud de los mexicanos; no podemos estar supeditados a cauces; el Instituto de Salud para el Bienestar tendrá que coordinarse con el Consejo de Salubridad General y con todas las demás instituciones para definir cuáles son las intervenciones que podrán ser financiadas, cuáles atacar y atender, en temas de medicamentos y enfermedades”.

José Alarcón Irigoyen, experto en sistemas de salud, dijo que la Cámara de Diputados ha entendido la gravedad de la situación en que se encuentra este sector; plantea pasos para mejorar la necesaria coordinación entre federación y estados en beneficio de la salud de los ciudadanos sin seguridad social, y se introduce un marco de leyes que permitirán un uso más eficiente de los recursos y reducir la corrupción.

Comentó que se debe actuar con una visión integral interconectando al sector público y privado, con un modelo fundamentando en los determinantes sociales de la salud para así impactar en resultados de años de vida y calidad, dado que es algo que la población necesita. “La iniciativa es ciertamente un paso importante para mejorar la salud y bienestar de los mexicanos sin seguridad social; sin embargo, ignora integrar al sector privado como aleado estratégico”.

Francisco Javier Magos Vázquez, director general de Servicios de Salud de Guanajuato señaló que se requiere perfeccionar los mecanismos para asegurar el acceso a los medicamentos y otros insumos. Además de contar con la infraestructura necesaria, de calidad y adecuada.

Indicó que es indispensable definir la operación del modelo para la producción de servicios con base en las necesidades de la población enfatizando la atención primaria. “Tenemos que consolidar lo existente, atender lo faltante y conservar la incertidumbre para el financiamiento y operación de los servicios estatales”.

Abelardo Meneses García, director del Instituto Nacional de Cancerología, expuso que el cáncer ocupa el tercer lugar como causa de muerte en el país. En términos generales, de cada 100 fallecimientos que hay, 20 son por enfermedades cardiovasculares, 16 por complicaciones de diabetes y 14 por cáncer; si se suman las enfermedades pulmonares crónicas y las mentales, representan en México la mortalidad de 75 a 80 por ciento de la población y ahí está lo que es el gasto en salud, advirtió.

Resaltó que se tienen que implementar políticas públicas para elevar los impuestos al tabaco, a bebidas azucaradas y a los alimentos no sanos; asimismo la realización de ejercicio físico debido a que la población dedica 8 horas frente a un aparato electrónico.

Propuso un programa integral de prevención y control de cáncer para que de esta manera se atienda la educación, prevención, diagnóstico, acceso a tratamientos, cuidados paliativos, rehabilitación, financiamiento e investigación.

Ricardo García Portilla, coordinador general del H. Consejo Técnico del Sector Patronal de Concamin ante el IMSS, puntualizó que México destina sólo el 2.48 del PIB a salud; sin embargo, lo que importa es la eficiencia del gasto. “Sin una reforma profunda al sector estamos condenados a la fragmentación, ineficacia, ineficiencia y corrupción”.

La propuesta, expuso, debe tener certeza en los indicadores para que la ciudadanía cuente con garantías de que se alcanzará el número óptimo de enfermeras, doctores y el porcentaje de surtimiento de recetas. Además, tiene que ser elaborada en coordinación con los médicos e industria. No obstante, dijo, no se contemplan incentivos por la prevención de enfermedades.

La presidenta de la Asociación Nacional de Fabricantes de Medicamentos (Anafam), Cecilia Bravo Lamicq, se congratuló que exista la propuesta de que el presupuesto para este rubro deberá ser creciente y progresivo, “pero los recursos nunca serán suficientes si no se garantiza la entrada oportuna de genéricos y biocomparables, que son la alternativa de calidad a bajo costo una vez que se ha vencido la patente que protege al medicamento innovador”.

En México, expuso, existe capacidad farmacéutica suficiente para contribuir a la meta de crecimiento del 4 por ciento del PIB y evitar el desperdicio de divisas. Planteó revalorar el tema de la dispensación unitaria o unidosis, dado que “si bien puede lograrse un marginal beneficio presupuestal, hay impactos negativos mayores en materia de seguridad sanitaria; se debe garantizar la suficiencia de recursos humanos para asegurar que esta práctica se realice con los debidos estándares y contemplar la menor vida útil de los medicamentos al haberlos migrado de envase”.

Arturo Morales Portas, presidente de la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos AC (Amelaf), subrayó que la reforma para crear el Instituto debe ser estratégicamente pensada, pues México es un “país donde la transición epidemiológica no ha concluido, se enfrenta a problemas como diabetes y enfermedades cardiovasculares, pero existen grupos poblacionales donde la pobreza y la marginación determinan que aún prevalecen enfermedades como dengue, cólera y tuberculosis”.

Puntualizó que uno de los aspectos que deben revisarse con detenimiento es la pertinencia del sistema de adquisición de medicamentos unidosis, “en efecto se mitigan riesgos para evitar la caducidad de los remanentes, pero nos podemos enfrentar a conflictos que alarguen el tratamiento y que no estén disponibles en tiempo y forma para su aplicación al paciente; riesgos de contaminación y pérdidas de estabilidad y farmacovigilancia. Vamos a buscar que se logre una gran eficiencia en inversión en materia de salud, el medicamento gratuito requiere, antes, una consulta médica, un doctor y un consultorio”.

Samuel Ponce de León, coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud de la UNAM, expresó que se requiere intentar una reconstrucción del sistema de salud con financiamiento suficiente y que el presupuesto del sector aumente cada año respecto del Producto Interno Bruto.

Agregó que es necesario lograr la integración del sector buscando un equilibrio entre los diferentes niveles de atención y desarrollar el muy precario nivel de atención primaria; fortalecer el segundo nivel, y apuntalar el tercero; todos son indispensables para que el país pueda tener un sistema de salud suficiente y eficiente.

Karla Báez Ángeles, directora de la Asociación Mexicana de la Industria Fotovoltaica (AMIF), destacó la importancia de incorporar la innovación tecnológica e investigación clínica al nuevo sistema de salud con una visión diferente, para lograr un acceso temprano y que el médico atienda al paciente, diagnostique y aplique las terapias novedosas. Aseguró la disponibilidad del sector privado a colaborar con las autoridades y ser corresponsables en este proceso.

Propuso incluir un artículo transitorio en la iniciativa que plantea la creación del Insabi que dé certeza para que la Secretaría de Salud garantice el acceso y vigencia en la atención a padecimientos que generan gastos catastróficos. Consideró que los diferentes cuadros básicos generan inequidad y suplantación del sistema. Pidió actualizar este esquema con la opinión y participación de expertos clínicos y académicos.

Víctor Hugo Borja, director médico del IMSS, indicó que existen desigualdades en las tasas de mortalidad e incidencia de enfermedades entre los derechohabientes y la población no afiliada, quien registra mayores índices, debido a las diferencias en el modelo de atención preventiva, además porque los servicios de salud no se han enfocado en padecimientos crónicos que requieren atención a lo largo de toda la vida, lo que no se logra con un par de consultas médicas.

Consideró que la creación del Insabi no sólo busca desaparecer el Seguro Popular, sino cambiar el modelo de salud que no pretende separar el financiamiento y la prestación de servicios, además de homologar los beneficios sin restarlos en la seguridad social. El nuevo instituto plantea un control centralizado y semejante al modelo del IMSS en tres niveles de atención, ya que el esquema ha demostrado efectividad. No obstante, apuntó que el IMSS e ISSSTE deben fortalecerse.

En su intervención, el diputado de Morena, Víctor Adolfo Mojica Wences afirmó que la gran parte de las instalaciones que ofrece el primer nivel de atención tiene malas condiciones físicas en su infraestructura y carecen de médicos y enfermeras, por lo que se requiere lograr que funcione y que sirva a la gente.

Del PAN, el diputado Éctor Jaime Ramírez Barba hizo votos porque la Cuarta Transformación le dé al Consejo de Salubridad General el papel que establece la ley, porque en los hechos plasman cosas diferentes, como quitarle la facultad de definir qué enfermedades sí o no se incluyen en el fondo contra gastos catastróficos.

La diputada Maiella Martha Gabriela Gómez Maldonado (MC) señaló que se debe crear un sistema de salud con calidad y accesible para todos los mexicanos, lo cual requiere presupuesto. “La gran responsabilidad que tenemos es hacer las cosas bien y queremos respaldar esta propuesta de una manera seria; sin embargo, quisiera saber, si ya no habrá cuotas ni aportaciones federales como viene en el modelo del sistema de protección, cuál será la distribución a los estados”.